La alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, no tardó en salir al paso de las acusaciones de connivencia con el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, que le acusan de intentar ocultar un informe desfavorable a la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor. Déniz se mostró visiblemente indignada y molesta ante estas declaraciones hechas públicas por el propio secretario general del PSC en Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, al que advirtió este viernes en el programa “El Despertador” de Lanzarote Radio que puede “enseñar el documento cuando quiera” porque ella desconoce por completo la existencia de otro que no sea el “enviado por la Consejería”, que es “el único que tengo que defender”.
Para la alcaldesa esta actuación de los socialistas no es más que una forma de “confundir” y de “meter miedo” a la gente, y les pide “que se callen” y le dejen hacer su trabajo por “el bien de todos los ciudadanos de Arrecife”.
Al parecer, los socialistas, según explicaron en una nota de prensa enviada a este diario, estarían en poder de un documento emitido por los servicios de la Consejería de Medio Ambiente en el que se advierte de que la Adaptación Básica del PGOU, aprobada en 2004, “es un planeamiento ilegal”.
Ante esta acusación, Alternativa Ciudadana ha hecho llegar a la alcaldesa una solicitud para que pida “de forma urgente” a la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo eegional que remita al Ayuntamiento capitalino este informe así como “la certificación del acta de la Comisión de la Cotmac de la ponencia técnica del 14 de marzo sobre la Adaptación Básica y el Plan General.
Diferencia de criterios
La alcaldesa de Arrecife aseguró que no conoce “quien es esta Pilar Prada del Val”, la letrada adscrita al servicio de apoyo a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, según el comunicado del PSC, que elaboró este informe jurídico emitido con fecha 6 de marzo.
Por eso, Déniz no quiere criticar directamente a los técnicos que se nombran en la nota de prensa de Fajardo Palarea, ya que quiere “respetarlas”, pero insiste en que no sabe “de que están hablando ellos”, y además, dijo, “no me importa”.
De este modo puso en duda el conocimiento que puedan tener los socialistas del propio Plan General y de la Adaptación Básica, a los que acusa de estar intentando confundir “con tanta intoxicación y tanta mentira”. “Lo que no consiguen consiguiendo a sus concejales ni convenciendo a su población, lo pretenden hacer echando porquería a todo el mundo y ya está bien”, declaró la alcaldesa.
La alcaldesa entiende que el informe que pudiese haber emitido esta letrada puede responder a una diferencia de criterio, pero que desde el grupo de gobierno que preside sólo tienen que tener en cuenta “el último informe jurídico que ha entrado, que es de la jefa de los servicios jurídicos de la Dirección General de Urbanismo”, un documento que cuenta con su total confianza porque “entiendo que será la persona más competente que esté dentro de la Dirección General en la materia que estemos tratando”.
Déniz lo tiene claro “si hubiera otro informe, lo desconozco, y si hubiera otro criterio, lo desconozco”. Así, insistió en que “el que ha enviado la Consejería, que considera que es el adecuado y que está en el Ayuntamiento que obra en el expediente es el que tienen todos los responsables municipales, en este caso de la Corporación”, y lo que está declarando el PSC sólo sale a la luz porque “están metiendo miedo”.
Explicó además que “ellos lo quieren mezclar con el documento de revisión de la Aprobación Inicial”. De este modo matizó las declaraciones socialista detallando que “lo que han dicho tiene que ver solo con la corrección de errores”, de modo que y “lo único que debemos hacer es aprobar en el sentido de los informes técnicos y jurídicos, los que haya y, si hubiera otro, los que hubiera”.
Cruce de acusaciones
Ante las acusaciones de los socialistas, la alcaldesa advirtió al secretario general de los socialistas lanzaroteños que también puede “sacar al señor Palarea que él arreglaba los asuntos cuando gobernaba en el Cabildo”. Según Déniz, la gestión del ex consejero en las materias “relacionadas con el Plan Territorial y los acuerdos que se plasman allí los resolvió en su despacho”, por lo que “si quiere que hablemos de tráfico y de malas cosas, también se las voy a decir”. “Que sea responsable y que se calle la boca”, aconsejó.
En definitiva, la alcaldesa insistió en que las acusaciones de connivencia con el consejero del Gobierno de Canarias son “falsas” y explicó que en la última reunión en la que se trató este tema estuvieron repesando “durante cuatro horas ficha por ficha todos los errores que se podían entender con lo que queríamos hacer para resolver muchos de los problemas que teníamos en Arrecife”, una reunión que es “la única que hemos tenido y donde han estado también presentes los técnicos redactores de la modificación de errores y del Ayuntamiento”.
Por eso, termina preguntándose como se puede “desacreditar así a las instituciones canarias, a una consejería y a un ayuntamiento”, una reflexión que le lleva a cuetionarse “con quien se cree este hombre que está tratando, con chorizos, ya está bien por favor”.
La denuncia socialista
Por su parte, los socialistas lanzaroteños denuncian la presunta connivencia entre Domingo Berriel y la alcaldesa de Arrecife, ambos de Coalición Canaria, para ocultar un informe jurídico de la COTMAC, según el cual la adaptación del Plan General de Ordenación de la ciudad en vigor es ilegal.
El secretario general del PSC en Lanzarote, Manuel Fajardo, afirmó que la ocultación de información se ha materializado en el expediente que el Ayuntamiento de Arrecife ha entregado a los miembros de la oposición para debatir en una próxima sesión plenaria la corrección de errores cometidos en la adaptación básica del Plan General de Ordenación de la capital de la isla.
El dirigente socialista aseguró que "se ha ocultado, premeditadamente", un informe jurídico elaborado por los servicios de la Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, en el que se afirma que la adaptación básica del Plan General de Ordenación de Arrecife, aprobada en 2004, "es un planeamiento ilegal" y advierte a la propia Consejería de la "necesidad de proceder de oficio a su revocación".
