- "Las más elementales condiciones para establecer la culpabilidad faltan sin duda cuando el jurado que ha de sentarse en el juicio sobre un conciudadano empieza su labor con la mente inevitablemente envenenada contra él"
- "Cualquier procedimiento judicial en una comunidad expuesta tan profundamente a tal espectáculo no puede ser sino una vacía formalidad"
Al finalizar el reciente juicio por el caso del doctor Mike, el abogado de Michael Robson manifestó que su defendido estaba siendo objeto de un juicio mediático paralelo y que las denunciantes “se conocen y se pasan información”.
El caso del doctor que presuntamente abusaba de algunas de sus pacientes aprovechando su condición de médico y fisioterapeuta es uno de tantos otros que son mediatizados y analizados en distintos canales de información previamente a la celebración del verdadero juicio.
Un ejemplo: el proceso por el que se condenó a Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof se descuidó la más fundamental de las garantías procesales recogida expresamente en la Constitución; esto es, la presunción de inocencia.
Farruquito, Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof, el caso del narco-volador, todos ellos tienen en común que con sus desgracias la prensa se hizo juez.
Los medios de comunicación desempeñan, o deberían desempeñar, funciones de vital importancia en el estado democrático contemporáneo. Una de las más trascendentes es la de velar por la legitimidad democrática del poder judicial o, lo que es lo mismo, controlar que las decisiones judiciales se ajusten a la ley. Lo que ocurre es que, al informar sobre asuntos sub iudice, los medios pueden inducir en la opinión pública un veredicto anticipado de culpabilidad de una persona, con grave menoscabo de sus derechos fundamentales a la defensa, al honor y a la presunción de inocencia. A nadie se le oculta la negativa influencia que el juicio paralelo puede ejercer sobre la investigación judicial en curso y sobre la independencia e imparcialidad de los jueces profesionales o de los jurados.
En este sentido, hablamos de juicios paralelos cuando los medios de comunicación asumen un papel que está asignado constitucionalmente a los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial del Estado (art. 117.3 CE). No hay juicio paralelo cuando la investigación periodística descubre asuntos y situaciones ilegales que acaban posteriormente en los tribunales, pues en tales casos los medios de comunicación cumplen su función constitucional. Pero una vez iniciadas las actuaciones judiciales, la frontera hasta donde debe llegar la información se hace menos nítida.
En verdad, el juicio paralelo en los medios puede alcanzar diversas intensidades. En su máxima expresión se llega a buscar testigos y pruebas a fin de confrontar las declaraciones de acusados, acusadores y peritos, lo que plantea problemas de relevancia constitucional. Uno de los más trascendentes es la vulneración de los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la defensa, pues se puede inducir en la opinión pública un veredicto anticipado de culpabilidad de una persona sin que ésta pueda disfrutar de las garantías que recoge la Constitución. Otro grave problema es la posible influencia de estos juicios paralelos sobre la imparcialidad de los jueces profesionales o la de los ciudadanos que forman un jurado. Sin olvidar la perturbación que la información de tribunales puede causar en el desarrollo de la investigación judicial.
Sin querer tomar parte en ningún juicio ni atril y sin intención alguna de emitir un veredicto paralelo, hemos de decir que el abogado defensor del doctor Mike, José Manuel Sanchís Gimeno, aclaró que hasta ahora la prensa sólo había querido escuchar la versión de la otra parte y que sólo se había interesado por el estado de Robson un periodista inglés.
Nos consta, de hecho, que el acusado ha tratado de ponerse en contacto con varios medios de comunicación de la Isla sin que su versión de los hechos haya trascendido hasta ahora a la luz pública. En la única ocasión que he tenido para dialogar con el súbdito británico, Robson ya argumentaba que las acusaciones contra su persona obedecían a una especie de campaña orquestada, un complot originado por las ansias de venganza de algunas de sus compañeras de profesión en Lanzarote.
Como se recordará, durante el juicio de la pasada semana Robson alegó que las cinco denunciantes trabajaban en la misma empresa que él, Clínicas Lanzarote, en Puerto del Carmen, y que habían mantenido una fuerte discusión entre ellas.
Esta situación dio lugar a que una de ellas fuera despedida, lo que propiciaría, según él, la posterior denuncia.
Como se recordará, durante el juicio de la pasada semana Sanchís alegó que Deborah H. Whitworth, la única que acusó al detenido de penetración y que no quiso estar en el juicio, “relata algo que es digno de la mejor imaginación de cualquiera de los guionistas pornográficos de este país”, para luego añadir que “aquello parecían los cuentos de Canterbury, incluso se reconoció en la carta que envió que mi cliente le dio un abrazo”.
En principio y desde el momento de su detención, a Robson casi se le ha sentenciado públicamente, y que conste que en todo momento nos ponemos en el lugar de las denunciantes, cuyas acusaciones no pretendemos diluir ni un ápice. La buena labor ejercida por la Guardia Civil durante su detención, el morbo que implica una noticia así, en la que a un profesional de la medicina se le acusa de supuestos tocamientos y casi agresiones sexuales al mismo tiempo pseudoconsentidas; es el tipo de información que, para cualquier ciudadano de a pie, puede demostrar que se puede confiar en los órganos de la justicia y que ni un prestigioso fisioterapéuta británico puede salir impune de nuestro ordenamiento jurídico.
Sinceramente, no es que tenga nada por lo que defender a los británicos -y menos aún tras el tiempo que viví en países anglosajones-, pero Robson, y no sólo él sino todos cuantos se han visto envueltos en juicios paralelos, merecen ser juzgados por el tribunal pertinente con independencia de las corrientes de opinión surgidas en la prensa.
En uno de los casos punteros de "juicios por la prensa" en los Estados Unidos de los años sesenta se señala literalmente que "uno de los más justificados orgullos de la civilización occidental es que el Estado asume la carga de establecer la culpabilidad únicamente sobre la base de pruebas presentadas ante el tribunal y bajo circunstancias que aseguran al acusado todas las salvaguardas de un juicio justo. Estas elementales condiciones para establecer la culpabilidad faltan sin duda cuando el jurado que ha de sentarse en el juicio sobre un conciudadano empieza su labor con la mente inevitablemente envenenada contra él".
La jurisprudencia de los Estados Unidos, que suele mantener con firmeza la posición preferente que ha de tener la libertad de expresión en éstos y otros conflictos de derechos, ha revocado sin embargo a veces aquellos veredictos que surgían de una atmósfera de "festejo romano" o de "carnaval", y ha llegado a la conclusión de que "allí donde hay una razonable posibilidad de que noticias prejuiciosas anteriores al proceso impidan un juicio justo", el juez hará bien en abstenerse o en cambiar el caso de jurisdicción. "Cualquier procedimiento judicial en una comunidad expuesta tan profundamente a tal espectáculo no puede ser sino una vacía formalidad".
Lo cierto es que, al menos, un profesional del derecho es menos impresionable y manipulable que un jurado. En primer lugar, por su experiencia, y en segundo lugar, por el aprecio a una profesión que tiene como lema el preferir que un delincuente ande suelto antes que un culpable pague por el crimen que no ha cometido.