El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife que investiga el denominado caso 'Montecarlo' ha solicitado información municipal al Ayuntamiento de San Bartolomé. Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles en Crónicas Radio la propia alcaldesa, María Dolores Corujo. "Han pedido una documentación referida a una serie de expedientes que tienen que ver y que datan del año 2002 hasta el año 2007, una información que ya se ha facilitado", ha aclarado en el programa 'A buena hora', donde ha subrayado el hecho de que la investigación llega justo hasta que llegó al poder su compañero Marcial Martín.
La propia regidora ha reconocido que al hilo de esta información solicitada por los juzgados, ella misma y otros trabajadores del Ayuntamiento han tenido que acudir también a declarar ante la magistrada del Juzgado Número 4, Aurora García, y el fiscal, igual que hiciera este mismo martes el ex alcalde de Arrecife del PP, Cándido Reguera quien, eso sí, fue llamado a declarar en calidad de imputado.
Para la regidora de San Bartolomé, "desde el punto de vista del trabajo administrativo que ha hecho el actual grupo de gobierno, y también fundamentalmente el anterior, éste es de una claridad absoluta". Para la alcaldesa, "se demuestra una vez más que el grupo de gobierno de San Bartolomé, tanto en esta como en la anterior legislatura, se ha centrado en defender los intereses generales, por encima de cualquier otro".
La operación investiga presuntos fraudes en servicios y concursos prestados en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva (Fuerteventura) y Arrecife, donde ejercía o ejerció como interventor Carlos Sáenz, uno de los detenidos en esta operación, que se encuentra en prisión provisional, junto al empresario José Vicente Montesinos, acusados de varios delitos, como malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. En la operación también se detuvo a Javier Betancort y José Miguel Rodríguez, ex ediles de hacienda de San Bartolomé y Arrecife, que fueron puestos en libertad con cargos.
En el Ayuntamiento de Arrecife se investigan al menos 25 expedientes entre los años 2008 y 2011 por los que se encargaba la redacción de pliegos de condiciones para adjudicar posteriormente servicios o contratos municipales menores de 18.000 euros. Esos pliegos, aprobados por Intervención, se encargaban a empresas externas elegidas entre tres sociedades cuyo administrador siempre era la misma persona. En algunos casos no se habría llegado ni siquiera a elaborar esos pliegos o a adjudicar después los servicios o suministros.
