viernes. 29.03.2024

Tres de los 17 imputados para los que ahora el fiscal pide archivar los cargos fueron detenidos e incomunicados por la Unidad Central de La Guardia Civil (UCO) entre los días 25 y 27 de mayo de 2009, pudiéndose haber cometido irregularidades en el procedimiento, y en muchos de los casos llegaron a pasar mas de 90 horas en el calabozo.

Continúan apareciendo nuevas irregularidades en las diligencias judiciales practicadas por el Juzgado Número 5 de Arrecife encargado del conocido como 'caso Unión'.

Este jueves el diario Canarias 7 continúa haciéndose eco del informe que la juez Lucía Barrancos dirigió en 2011 tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denunciando lo que entonces ya advertía como un auténtico caos en relación a las diligencias judiciales practicadas por su predecesor en tal juzgado, César Romero Pamparacuatro.

la juez Barrancos puso en aquel momento ya en duda la autenticidad de los atestados, puesto que algunos ni tenían de registro de entrada ni de salida y otros están incompleto. Entre los autos que figuran en las actuaciones sin la firma del anterior juez, César Romero Pamparacuatro, figuran las órdenes de entrada y registro del 27 de abril de 2010, del domicilio del empresario Demetrio Rodríguez Robayna, y las detenciones de los empresarios Pedro Manuel Rodríguez y José Luis Betancort y la del propio Demetrio Rodriguez Robayna, imputados a los que, en los tres casos y en el de otros 14, la Fiscalía solicita ahora la retirada de los cargos.

Según recoge este jueves el referido diario, Pamparacuatro fue requerido en el pasado febrero a que subsanara estos errores, pero al parecer el juez se negó a firmar los autos alegando que ya lo había hecho en su día como era la costumbre.

Detenidos incomunicados

Por otra parte, en las detenciones de mayo de 2009 en muchos casos las incomunicaciones superaron las 90 horas, lo que supuso que se apartara al fiscal encargado entonces del caso, Ignacio Stampa, por su superior Javier Rodenas.

Tres de los 17 imputados para los que ahora el fiscal pide archivar los cargos fueron detenidos e incomunicados por la Unidad Central de La Guardia Civil (UCO) entre los días 25 y 27 de mayo de 2009, pudiéndose haber cometido irregularidades en el procedimiento, y en muchos de los casos llegaron a pasar mas de 90 horas en el calabozo.

Es el caso de Alfredo Rodríguez, que fue detenido el 25 de mayo de 2009 cuando acudía a cobrar presuntamente una comisión del empresario José Antonio Catellano en la cafetería La Taverneta de Arrecife, mandatado por Matías Curbelo, mano derecha de Dimas Martín. Durante la detención los agentes de la UCO se incautaron de una bolsa que contenía 90.000 euros.

Todo hace pensar que la detención de Alfredo Rodríguez se redactó y firmó después incluso de que se llevara a cabo el arresto.

Segundo Rodríguez, Dayrán Muñoz, Dimas Martín, José Miguel Rodríguez, Ubaldo Becerra y Matías Curbelo, fueron también detenidos ese mismo día por la UCO, sin mandato previo del juez, que se obtuvo al menos diez horas después.

Querellas y responsabilidades judiciales

Por otra parte, algunos de las personas que se han visto imputadas en este caso y cuya desimputación ya interesa la Fiscalía, que también acordó con el actual juez el sobreseimiento de las acusaciones contra cinco personas por la pieza que afectaba a la casa de los Rostros de Dimas Martín, en Yaiza, ya han confirmado a Crónicas que en cuanto se les libere oficialmente de estas acusaciones emprenderán acciones legales en forma de querellas, precisamente para exigir responsabilidades judiciales por tales actuaciones que, cabe recordar, irrumpieron en la opinión pública en mayo de 2009, es decir, hace ya más de cinco años.

Continúan apareciendo más irregularidades en las diligencias judiciales del 'caso...
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