Este jueves por la tarde se celebraba el acto de inauguración de las “Jornadas sobre la Protección de las Personas con Discapacidad Intelectual”, un encuentro que busca dar a conocer y analizar las medidas de protección jurídicas y sociales existentes en el Archipiélago Canario para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, tal y como aparece reflejado en el comunicado enviado a este diario.
Las Jornadas están organizadas por la Fundación Tutelar Canaria (Futucan) con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias, y en ellas participan diferentes especialistas en distintos campos relacionadas con la discapacidad intelectual.
Después las intervenciones ayer de Carmen Simón Rodríguez, juez titular del juzgado de Primera Instancia nº15 de Las Palmas, y de José Antonio Riera, delegado de la Fundación Aequitas, del Colegio Notarial de Las Palmas, este viernes será el turno de Jesús Esparza Ferrera, médico forense (17:00 h.), de Miguel Ángel Hernández González, fiscal de la sección de Discapacidad del TSJC (18:15), y de Mario Echedey Vera (coordinador de Futucan).
En las jornadas se han matriculado un total de 45 alumnos.
Al acto de inauguración de ayer asistieron la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, y la presidenta de Futucan, María Eugenia Palmás Urtaza.
Futucan
Fundación Tutelar Canaria, es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que se constituye para la protección y asistencia integral de personas con discapacidad intelectual, así como para el ejercicio de la tutela, curatela, defensa judicial y guarda de hecho de tales personas. Promovida por Asociación ADEPSI nace en el año 2002, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, asistiéndoles cuando carezcan de familia, o, ésta no pueda atenderla en condiciones óptimas para su desarrollo integral. La asociación ayuda y colabora con las familias, en su caso, y con otras instituciones cuyo objetivo sea la protección de las personas con discapacidad, eligiendo los medios adecuados que garanticen el futuro y bienestar de las mismas.
