El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha confirmado este viernes durante una visita institucional a Lanzarote que el Gobierno dispondrá en un plazo de entre 18 y 24 meses de una nueva Ley de Ordenación del Territorio para Canarias cuyo articulado se prevé que esté listo en un plazo máximo de 10 meses.
Según ha explicado el presidente durante una comparecencia de prensa en la que ha estado acompañado por su homólogo del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el objetivo es que los cabidos no solo propongan y elaboren los planes de ordenación, sino que también los aprueben con informes sectoriales preceptivos y vinculantes del pertinente órgano del Gobierno canario.
Del mismo modo, Clavijo ha anunciado que será el Cabildo el que tramite y apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Ha sido precisamente San Ginés quien ha vuelto a solicitar a Clavijo que el Ejecutivo regional traspase dichas competencias al Cabildo insular, tras la encomienda de gestión hecha a la empresa Gesplán. En sus explicaciones, Clavijo ha apostado por diseñar documentos del planeamiento territorial acordes con la realidad, "y que no la falseen antes incluso de estar vigentes".
Es a su juicio la Primera Corporación insular "la que mejor puede trabarlo por la cercanía y conocimiento del territorio que tiene el Cabildo de Lanzarote". En este sentido, Clavijo ha puesto un ejemplo con el número de vehículos existentes a día de hoy en el Archipiélago Chinijo, muy superior al previsto en los distintos borradores del PRUG.
Junto al anuncio de que el Gobierno de Canarias modificará la Ley de Ordenación del Territorio, Clavijo ha dejado claro que estas variaciones "no afectarán de ningún modo" a la actual tramitación del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, PIOL que, según San Ginés, "debería estar aprobado ya para esa fecha", en referencia al plazo de 18 a 24 meses anunciado por Clavijo. El objetivo del Gobierno autónomo es, en cualquier caso, reducir los tiempos de aprobación de los documentos territoriales y su exposición pública, ya que, según Clavijo, la intención es "hacer que se pase de cuatro fases actuales" (avance, aprobación inicial, provisional y definitiva) "a dos o tres fases" (aprobación inicial, quizás también provisional y definitiva".
