martes. 23.04.2024

Por Orlando Umpiérrez, director general de Aguas del Gobierno de Canarias

He tomado la decisión de expresar mi opinión, para defender los intereses de los vecinos afectados por la realización del desdoblamiento de la vía de tahiche.

Me explico, porque parecerá que perteneciendo a la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, sea una incongruencia, pero tal no me lo parece. Voy a defender los intereses de los vecinos, defendiéndolos de la mentira política, tan enorme y absurda, que duele los ojos solo de leer la noticia. “Los partidos en la oposición del Cabildo ponen una moción conjunta para anular la licitación de la vía”.

Me parece encomiable la defensa que hacen los vecinos de sus propiedades individuales (no me meteré con la zona de servidumbre de la carretera ocupada), me parece lícito y sano ejercer este derecho, porque estamos en una democracia y podemos ejercerlo. Lo que no me parece normal es que se intente desgastar a un Gobierno que está defendiendo el Interés General, además de responder ante la responsabilidad de tener una vía mejorable a todas luces, (de que estaríamos hablando ante un accidente de nefastas consecuencias, si el Gobierno no hubiera actuado sobre la carretera) se intente sacar un rédito electoral por los restantes grupos políticos. Ya se ha escenificado lo que será la campaña, todos contra Coalición.

Siguiendo con el ejercicio de responsabilidad, esgrimiré varios argumentos, basándome en hechos técnicos, sociales y de oportunidad, cosa ésta última que parece ser el único argumento de los grupos de oposición del Cabildo.

1.- La carretera ha sido licitada ya. Me parece éste hecho el primer intento de confundir a los vecinos, ocultando la realidad, que ellos (los partidos) deberían saber como representantes públicos. Representaría una pérdida enorme para la administración (el pueblo) ante la avalancha de reclamaciones que se presentarían en la Consejería. Imagino que los partidos en la oposición son todos conocedores del Texto Refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas estado, la vía esta en fase de adjudicación.

2.- Se volvería a perder una inversión de 20 millones de euros. Esta carretera ha sido consensuada con los vecinos, así se comprometió el Director General en la reunión que mantuvo con los mismos en el centro sociocultural de Tahíche. Se han llegado a acuerdos de reducir al mínimo el impacto, no solo en las propiedades individuales, sino además en las públicas. Se ha hablado con los vecinos afectados y en la ejecución se recogerán las demandas razonables.

Este gobierno podría hacer los mismo que el central con la retirada indefinida de la Ley del Alcohol, seguro que el dia 28 de mayo la tendremos en el Congreso de nuevo, pero este Gobierno no intenta escurrir el bulto, ni la papa caliente, intentando entrar en la vorágine de la confusión al electorado, este Gobierno es fiable y no esconde las actuaciones atendiendo al interés general de el vial.

3.- Condicionantes técnicos: hagamos un poco de historia. Es importante recordar que los corredores viarios no los fija una Administración unilateralmente, en este caso el Gobierno de Canarias, sino que es el resultado de un largo proceso desde que se detecta una previsión de situación de la red hasta que se diseña una solución concreta para la misma, (en este caso algo más de 10 años y varios procesos de información pública) y en ese proceso, la participación ha sido múltiple e intensa dando como resultado:

- Un volumen de tráfico alto imposible de gestionar con las infraestructuras actuales.

- Un pasillo sobre el que plantear la solución, en este caso el que mejor aprovechamiento haga de lo existente.

- Un tratamiento específico de las condiciones y características del entorno al que da servicio.

En esa participación han estado presentes todos estos grupos que hoy intentan desmarcarse, sin ni siquiera dar una explicación razonable del porque aquello que validaron en su día hoy ya no les parece razonable.

Como condicionante técnico aplastante, la vía tiene un I. M. D. (índice de movimientos diarios) de 18.000 vehículos diarios, cuando la Ley de Seguridad Vial establece que al haber 10.000 se tiene que desdoblar la vía.

Lo verdaderamente aberrante, me parece la postura del PSOE, que no duda en decir lo que quiere oír el respetable allá donde suelte el discurso y me explico. Esta actuación se realiza al amparo del convenio Gobierno de Canarias-Estado. La licitación es conjunta y evidentemente el Ministerio de Fomento está al tanto de la misma, (no tengo que recordarles de que partido es la Sra. Ministra), un representante insular del mentado partido se dio de bruces con éste Ministerio y con su equipo técnico. Para una realización de una infraestructura viaria como esta necesita los informes preceptivos del Cabildo y en particular de Medio Ambiente. (No necesito recordar quien era hasta hace nada el consejero responsable del área), también necesita informe de Política territorial y, oh sorpresa, del mismo partido......

El resto de fuerzas políticas estaban al tanto de la realización del desdoblamiento, si no deberían dimitir sus representantes, porque era su obligación saberlo y criticarlo en su momento, no cuando una modificación o paralización de la adjudicación supone un enorme costo de las arcas públicas, algo que deberían tener en cuenta muchísimo, puesto que hay a quien el dinero de todos no le duele, ni duda en malgastarlo. De verdadera hipocresía política me parece la postura del PIL y PP, que mientras gobernaron no recibían a los vecinos y ahora son el adalid de su defensa. Algo que se me antoja poco creíble en los tiempos que corren. Los vecinos de Lanzarote no se dejan manipular de semejante manera. Eso sí, hay una diferencia, por lo menos el PIL se ha molestado en presentar alternativas. Permítanme felicitarlo por ello, pero es una propuesta que no comparto en absoluto, hasta ellos defendían al principio de la legislatura que Lanzarote no quería vías nuevas pero si arreglar y mejorar las existentes.

Esto último es lo que yo defiendo y basándome en los argumentos relatados para mejorar la calidad y seguridad vial de todos los que en esta isla residimos. Que hay otras soluciones posibles como mejorar el transporte público o reducir el parque móvil pero debemos a estar dispuestos al incremento de la presión fiscal para su mantenimiento.

Mientras abrimos ese debate, no volvamos a perder otra inversión, que se completará con el arreglo de la circunvalación de Arrecife y sus accesos, y quejarnos luego de deuda histórica.

Carretera de Tahíche
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