El diputado nacional del Grupo Popular (PP), Cándido Reguera, ha lamentado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no quiera anular, o en su caso modificar, las actuales ponencias de valores catastrales realizadas en los municipios de Tías y Arrecife, las cuales están muy por encima del valor real del mercado, tal y como denunció en su momento la propia Cámara de Comercio de Lanzarote.
“Los nuevos valores catastrales están absolutamente desorbitados y la Dirección General del Catastro debe corregir los graves errores detectados y acceder a la revisión de la ponencia”, afirma Reguera. En este sentido, sólo en Arrecife se verán afectadas 30.000 familias que pagarán un 30% más en los impuestos de la contribución urbana.
Sin embargo, en la respuesta ofrecida al diputado popular, el Ministerio de Presidencia reconoce que, sin bien existen cauces legalmente previstos para anular las ponencias de valores, afirma que en estos momentos no se dan los requisitos establecidos para su anulación. El Gobierno también señala que “las actuales circunstancias del mercado inmobiliario no deben constituir una excusa o un pretexto para cuestionar las ponencias aprobadas ni los valores catastrales asignados en su momento”.
La Gerencia Regional del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda fue la encargada de realizar la Ponencia de Valores en el año 2007 y fijar los nuevos valores catastrales que en los municipios de Tías y Arrecife se han triplicado, e incluso cuadruplicado, tal y como ha denunciado en numerosas ocasiones el Partido Popular, calificándolo de “catastrazo” y que no sólo repercute en la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sino también en numerosos impuestos y tasas que tienen como referencia el valor catastral, como el impuesto de la Renta.
Cándido Reguera señala que “este tipo de medidas perjudican considerablemente a las familias, así como a las pequeñas y medianas empresas, y el único beneficiario es el Gobierno, que recaudará mucho más dinero”. En este sentido, el propio Gobierno reconoce en su respuesta al diputado nacional que cualquier anulación o modificación afectaría muy negativamente a los ingresos municipales derivados de la liquidación del IBI y, por consiguiente, podría afectar a la suficiencia financiera de los Ayuntamientos.
Por su parte, Reguera afirma que la decisión del Gobierno también perjudicará a la propia administración municipal, ya que a la hora de pagar expropiaciones de suelo para uso público, el valor catastral también estará sobredimensionado.
