El Gobierno de Canarias, a través de una comunicación remitida al Parlamento regional, quiere que la nueva Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social dé la "tutela legal" de los menores extranjeros no acompañados al Estado "sin perjuicio de que la guarda y custodia puedan acordarse con las comunidades autónomas en el marco de una política global de cooperación entre las distintas administraciones".
El texto del documento que se discutirá el este jueves en la Cámara Legislativa de las Islas además de destacar algunas virtudes del Proyecto de Reforma insiste en la necesidad de que sea el Gobierno central quien tutele para que "la atención a dichos menores se produzca de acuerdo con una política de Estado, que permita cumplir con garantías y con la adecuada solidaridad interterritorial la obligación de procurar su plena integración en la sociedad española".
Para el Ejecutivo canario la actual normativa sobre este asunto surge un conflicto que "perjudica gravemente a las comunidades autónomas". Así indica la comunicación gubernamental que las autonomías "sólo prestan protección a los menores sea cual sea su procedencia, por el simple hecho de hallarse en su territorio". "Éstas por cuestiones de índole diversa pueden verse sobrecargadas con una población extranjera, que si bien necesitada de protección, carece de recursos económicos y jurídicos para su tratamiento, al tratarse, a pesar de ser menores de edad, de extranjeros irregulares", añade el texto.
En esta línea, el Gobierno regional insiste en que al anteponer el criterio de "menor" al de "extranjero" su tutela se puede "encomendar" al Estado y su guarda a cualquier región, "sobre todo en situaciones de aumento significativo de llegada de menores y la problemática que ello plantea para su adecuada reinserción".
Ante esto, el Ejecutivo concluye que "sería más adecuado, tanto para la atención y reinserción de los propios menores, como en aplicación del principio de solidaridad interterritorial, que sea la Administración General del Estado la que asuma la tutela y se distribuya entre todas las Comunidades Autónomas la acogida de los menores extranjeros no acompañados en situación irregular, a los efectos de cumplir con garantías y con la adecuada solidaridad la obligación de procurar su plena integración en la sociedad española".
El texto de esta comunicación se discutirá en la sesión plenaria y serán los distintos grupos parlamentarios con representación en la Cámara -PSOE, CC y PP- quienes presenten sus respectivas propuestas de resolución. Del debate surgirá una propuesta que se trasladará al Gobierno central.
Cumbre con las comunidades autónomas
La posición del Ejecutivo canario fue abordada el pasado viernes durante un encuentro con la administración del Estado y los responsables de las Comunidades Autónomas en materia de menores extranjeros, cuyo objetivo fue que conocieran de primera mano cuál es la situación en la que se encuentra Canarias actualmente.
Tras ser recibidos por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, los representantes de la administración del Estado y de las autonomías se reunieron con la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, que presentó un informe sobre la situación actual de los menores extranjeros no acompañados en las islas.
Tras la reunión, Rojas agradeció la solidaridad mostrada por todas las comunidades con Canarias y aseguró que durante la reunión se puso de manifiesto "la necesidad de que la política de niños inmigrantes sea una cuestión de Estado que se aborde en el marco de la modificación de la Ley de Extranjería".
El año 2008 acabó con 1.425 menores inmigrantes bajo la tutela del Gobierno del Archipiélago. De ellos, 910 se encuentran acogidos en dispositivos de emergencia, 156 en Agüimes, 24 en Arucas, 143 en Tegueste, 410 en La Esperanza, 23 en Las Mercedes, y 20 en Salto del Negro y 40 en Valle Jiménez. También hay alojados a 94 en Icod.
