AGENCIAS
Las dimensiones de los cayucos crecen respecto a las primeras barquillas de ese tipo.
La Delegación del Gobierno en Canarias espera una orden judicial para trasladar a Fuerteventura a los 259 inmigrantes llegados el sábado a Tenerife, mientras el Ejecutivo canario ha advertido de que las islas están desprotegidas ante una "avalancha" que "incomprensiblemente" no se ha detectado a tiempo.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife informaron de que los 259 extranjeros indocumentados que arribaron el sábado a bordo de tres cayucos al puerto tinerfeño de Los Cristianos (Arona) permanecen aún en la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de las Américas, al sur de la isla.
Los inmigrantes continuarán en las dependencias policiales hasta que se reciba la orden judicial que autorice su traslado al centro de internamiento para extranjeros de El Matorral, en Fuerteventura.
Para ello hay de plazo 72 horas, recordaron las fuentes, que precisaron que el citado centro de extranjeros, que puede albergar a 1.108 personas, está actualmente al 40 % de su capacidad.
Mientras, en el centro de internamiento para extranjeros de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, permanecen 269 inmigrantes, entre ellos dos mujeres, que proceden de los cayucos que arribaron a la isla a principios de semana y el viernes.
Precisamente entre el viernes y el sábado llegaron a las costas de Tenerife y Fuerteventura 412 inmigrantes indocumentados, en ocasiones a bordo de cayucos de hasta veinticinco metros de eslora.
El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, afirmó que el esfuerzo prometido por el Ejecutivo central en este ámbito "no está dando resultados" ni se han cumplido parte de las medidas propuestas, como la creación de patrullas conjuntas de vigilancia entre España y Mauritania.
Para el Gobierno canario, "resulta incomprensible cómo esta avalancha de inmigrantes que ha llegado en 48 horas no haya sido detectada con antelación, sino cuando los cayucos están a tres o cuatro millas de la costa, prácticamente llegando al puerto, y a veces quienes los avistan son los pescadores".
"Nos sentimos desprotegidos ante esta falta de control sobre las fronteras marítimas", afirmó Becerra, quien reiteró que "ninguna persona en Canarias entiende que lleguen, sin ser detectadas, más de 400 personas en 48 horas hasta el corazón de las aguas interiores" del archipiélago.
A juicio del portavoz del Gobierno canario, hay cuestiones "que no cuadran", como que a la costa tinerfeña haya llegado un cayuco con un motor de 40 caballos y 116 personas a bordo, que dicen que han navegado durante siete días desde Mauritania.
Ello lleva al Ejecutivo regional "a poner en duda" las afirmaciones de la Delegación del Gobierno en Canarias de que no hay barcos nodriza, y por el contrario provoca "la sospecha" de que estas embarcaciones tienen que recibir "algún tipo de apoyo logístico".
Miguel Becerra reiteró que el fenómeno de la inmigración irregular "es un problema de Estado" y no basta con que "el primer día se movilice hasta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y luego se quede esto en nada".
Reconoció el portavoz que se ha cumplido la política de derivación de los inmigrantes irregulares llegados a las islas y se comenzó a construir un centro de retención en Mauritania pero, advirtió, esto se quedó "en un gesto porque luego no ha habido ninguna medida más".
"Hubo un primer gesto que no ha tenido continuidad, porque ni hay patrullas conjuntas en Mauritania, ni se han hecho llegar medios materiales ni se han propiciado los esfuerzos diplomáticos prometidos con los países de origen" de los inmigrantes, aseguró.
"Somos nosotros los que tenemos que dar información a Mauritania porque ellos no tienen medios", aseveró Miguel Becerra, quien dijo que el Gobierno canario previsiblemente elaborará un informe sobre esta situación "el lunes o el martes".
Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, este fenómeno genera además "un efecto psicológico en la gente, que no entiende cómo de golpe llegan 400 personas a unas islas en mitad del Atlántico", y subrayó que no se trata de impedirlo "a cañonazos", sino de tener los medios para detectar la navegación de los cayucos desde que salen de Mauritania.
