El pacto suscrito este miércoles en Madrid entre Coalición Canaria y el Partido Popular que hará a Paulino Rivero presidente del Gobierno de Canarias incluye en su apartado sanitario la disminución de los tiempos máximos de espera en las intervenciones quirúrgicas “garantizando esperas no superiores a dos meses”. Además, el acuerdo implica “disminuir los tiempos de espera de las pruebas complementarias y las consultas de Especialistas garantizando esperas no superiores a un mes”.
La Consejería de Sanidad es una de las áreas que ha correspondido al Partido Popular, y la hasta hace poco diputada en el Congreso Mercedes Roldós suena como el nombre ya acordado para dirigir este departamento. En este sentido, el PP insistió durante la campaña electoral en rebajar a dos meses el plazo máximo de espera en la sanidad pública para ser sometido a una intervención quirúrgica, y su candidato, José Manuel Soria, expuso que cuando éste plazo se sobrepasase, los pacientes serían operados en la sanidad privada siempre a cargo de los presupuestos de la Consejería.
En el acuerdo suscrito este miércoles por Rajoy, Soria y Rivero, el acuerdo especifica que “continuarán utilizando tanto los recursos propios como concertados para dar cumplimiento” a estos tiempos máximos, e incluso se compromete a que se continuará incluyendo en las cuentas autonómicas “un presupuesto específico para la disminución de las listas de espera duplicando como mínimo su cuantía”.
El pacto incluye también el compromiso de nacionalistas y populares de continuar dando información sobre las listas de espera potenciando el teléfono de información personalizada puesto en marcha hace unos meses. El documento, que contiene cinco páginas específicamente dedicadas a la sanidad, se garantiza que se impulsarán y desarrollarán las propuestas contenidas en el Pacto Social por la Sanidad firmado en mayo de 2006.
Respecto a la clara falta de médicos en el Archipiélago, el pacto CC-PP acuerda exigir al Gobierno del España el incremento del número de alumnos de Ciencias de la Salud en las dos universidades canarias y promover la supresión de las actuales limitaciones para el acceso a dichas carreras. Además, también se exigirá al Estado una reforma y modernización del actual sistema MIR que se adapte a las necesidades de profesionales de las Comunidades Autónomas.
El pacto busca también ir aumentando las plantillas de Atención Primaria de acuerdo con los crecimientos poblacionales y respecto a los profesionales, se compromete a garantizar una oferta pública de empleo cada dos años para el personal estatutario del Servicio Canario de Salud.
En lo que respecta a la mejora de la atención a los ciudadanos, el acuerdo se compromete a “continuar implantando la historia clínica electrónica en los centros de salud y en los hospitales, el acceso digitalizado a estudios de imagen, la receta electrónica, telemedicina, etcétera”, con lo que, al estar ya la mayoría de estos procesos en implementación actualmente, el acuerdo da por hecho que en la próxima legislatura se culminara su implantación en el 100 por cien de la Comunidad Autónoma Canaria”.
En la Atención Primaria, por otro lado, el acuerdo se compromete a dotar a los centros de salud de “retinógrafos, espirómetros y ecógrafos, así como cualquier otra prueba diagnóstica que fuera necesaria”. Por otra parte, el acuerdo implica la puesta en marcha un nuevo Programa de Salud Bucodental, que supondrá aumentar la Cartera de Servicio del Sistema Público en Canarias garantizando la asistencia a los menores y mayores de 65 años. Para ello, señalan, “se concertará con los Colegios de Odontólogos las revisiones periódicas a través de los profesionales con actividad privada en todos los municipios que quieran participar y previamente se acrediten”.
Financiación sanitaria
Además de un conjunto de medidas a aplicar en la comunidad autónoma, el pacto también adelanta cuál será su posición en el reparto de la financiación sanitaria. Así, el acuerdo especifica que se exigirá al Gobierno Central el aumento de la financiación sanitaria para Canarias “dando respuesta al incremento de la población, al coste de la insularidad, de la doble insularidad y al coste derivado de la asistencia que se presta desde Canarias a pacientes desplazados, a la población turística e inmigrantes”.
Además, se reclamará también al Gobierno de España el “aumentar el gasto sanitario público en un 1 por ciento del PIB para alcanzar el nivel de gasto de los países europeos de nuestro entorno”. Conservadores y nacionalistas afirman que defenderán la necesidad “de un Pacto de Estado por la Sanidad en el que se establezcan los acuerdos necesarios “que aseguren una financiación sanitaria suficiente, la cohesión, la equidad y la gobernabilidad y sostenibilidad del sistema nacional de salud”.
