Coalición Canaria (CC) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) han rechazado en la última Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife la propuesta de la alcaldesa, Eva de Anta, de no pedir acreditación a las empresas licitadoras que optan a la prestación del servicio de la asistencia domiciliaria en la capital de la Isla.
Los socios de gobierno del Partido Socialista (PSOE) en Arrecife han escenificado así una vez más en la presente legislatura su división en el pacto de gobierno que siguen sustentando tras la reciente renuncia del anterior alcalde, José Montelongo. La actual alcaldesa, a su vez anterior concejal responsable del Área de Servicios Sociales, Eva de Anta, propuso en la Mesa de Contratación celebrada el pasado 20 de mayo que no se atendiera la impugnación de una de las licitadoras, que ha reclamado que las empresas que quieran prestar el servicio garanticen solvencia profesional y técnica, cuestión que avala un informe jurídico aportado a la Mesa a principios de mayo.
En la votación final se registraron tres votos en contra de la solicitud de la alcaldesa, los de Rafael Juan González y Samuel Martín, por CC, y el de Tomás Fajardo por el PIL. Frente a ello, los votos a favor de la regidora socialista, Eva de Anta, y del secretario, mientras que Somos Lanzarote, Ciudadanos y Ganemos Arrecife, formaciones que componen la oposición municipal, se abstuvieron.
Finalmente, el acuerdo adoptado pasa por no modificar el acuerdo de la mesa de contratación celebrada con anterioridad y en virtud del informe jurídico de fecha 4 de mayo emitido por la Jefe de Contratación, solicitar a los licitadores acreditación, a efectos de poder continuar en la licitación, y que con posterioridad a ese requerimiento, solo se valoren las ofertas de las empresas acreditadas.
Fuentes municipales explican a este diario que dicho acuerdo retrasará aún más la adjudicación definitiva del servicio de asistencia domiciliaria, un servicio en materia de dependencia y otras necesidades en el caso de Arrecife del que siguen pendientes 500 usuarios y las 15 empleadas a las que la anterior adjudicataria adeuda nóminas, en la tercera capital de Canarias.
