viernes. 29.03.2024

- El Pleno aprueba la declaración de interés general de cuatro proyectos turísticos, dos en Tenerife y dos en Gran Canaria, que suponen la creación de 5.496 camas

Los 29 votos que sumaron este viernes los diputados del Grupo Parlamentario Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Asamblea por Lanzarote (APL) permitieron finalmente que salieran adelante en el pleno de la Cámara, tanto el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el llamado “caso Eólico”, como la declaración de interés general de los cuatro proyectos hoteleros que implican la construcción de 5.500 nuevas camas haciendo uso de la excepcionalidad prevista por la moratoria turística.

La sesión, que empezó con una media hora de retraso con respecto a la prevista, las 10:30, comenzó con las solicitudes de lectura de artículos normativos y legales, siguió con una discusión sobre la forma de la votación escogida y terminó con una definición de posturas que no varió en nada con respecto a lo previsto.

Los diputados que se opusieron a ambas decisiones ya firmes del Parlamento representan al Partido Socialista Canario (PSC)-PSOE, Nueva Canarias y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), aunque sólo sumaron 20 votos.

Al inicio del pleno, el portavoz popular pidió a la lectura de los artículos 9 del Reglamento de la Cámara y 10.3 del Estatuto de Autonomía, en los que se alude a la “inviolabilidad de los votos y opiniones” que emiten los diputados en el ejercicio de su cargo. Posteriormente, el socialista Santiago Pérez solicitaba lo mismo con respecto al artículo 9 de la Constitución Española, en el que se establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Con estas peticiones, los socialistas pretendían llamar a la responsabilidad de los diputados antes de emitir su voto, en la línea que defendió ayer en el debate sobre la declaración de interés público de los proyectos hoteleros, y que se basa en la vulnerabilidad jurídica del acuerdo plenario “de carácter ejecutivo”. Mientras, los populares trataban de demostrar que los diputados no pueden sufrir consecuencias legales de cuanto hagan o voten en la Cámara.

Posteriormente, comenzó otra discusión al solicitar también Pérez que la votación se desarrollase a mano alzada, en lugar de por el sistema electrónico, de tal forma que no quedase ninguna duda del sentido del voto de cada uno de los diputados, algo sobre lo que se quejó el portavoz nacionalista, José Miguel González, pero que finalmente aceptó y fue aplicado por el presidente de la Cámara, Gabriel Mato, pese a que el reglamento permitía incluso la votación secreta.

Diputados "retratados"

Todas estas cautelas venían a consecuencia del anuncio del empresario José Francisco Henríquez de querellarse contra todos los diputados que votaran a favor del dictamen en el que se le acusa de haber “entrado de lleno en lo que políticamente podría reprobarse como tráfico de influencias” al establecer una relación con el ex director general de Industria, Celso Perdomo, y el también empresario José Antonio Lucendo, al parecer su cuñado para obtener información privilegiada sobre las bases del concurso de energía eólica.

La Mesa de la Cámara, a propuesta del diputado nacionalista Alfredo Belda, aprobó, a su vez, enviar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las declaraciones que Henríquez difundió a través de su periódico digital, Canariasahora.com, para que determine la existencia o no de un delito contra las instituciones públicas por tratar de cambiar el sentido del voto de los diputados a base de intimidación.

Tras estos prolegómenos, la votación concluyó en el sentido mencionado, de tal forma que el voto particular con el que el PSC proponía unas conclusiones alternativas, no salió adelante, logrando sólo el apoyo de sus impulsores (17 votos) y las abstenciones de Nueva Canarias y PIL (3).

Dos posturas contrapuestas

Las conclusiones elaboradas por los socialistas, que no se aprobaron, pero se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial del Parlamento, de acuerdo a lo solicitado, defendían una línea totalmente opuesta a la que salió adelante en el Pleno. Así, el PSC cree que en la Comisión de Investigación quedó “acreditada la existencia de una trama entre el ex presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnáiz, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, y el ex consejero de Industria, Luis Soria, (todos los PP), que tenía como fin favorecer a los hermanos Esquivel”.

Esta tesis que también era defendida, aunque de forma menos contundente, casi hasta última hora por Belén Allende como representante de CC, es radicalmente opuesta a la que ha resultado aprobada, que culpa al ex director general de Industria, Celso Perdomo, de la “trama eólica” y califica su conducta de “totalmente irregular, absolutamente inadmisible y no conforme a lo exigible a un cargo público”.

El dictamen se basa para hacer estas acusaciones y exigirle responsabilidades políticas por el “daño que ha causado a la imagen y credibilidad de la Administración pública canaria y al sistema de concurso para la asignación de nueva potencia eólica” en que cree probado que “suministró información aún confidencial a ciertos empresarios y técnicos con los que mantenía una clara relación de amistad o intereses”.

Entre ellos, las conclusiones citan a Henríquez y Lucendo como asesores de Daniel Gutiérrez de Salamanca y Manuel Vega, que representaban a empresas que optaban al concurso y que supuestamente encargaron al primero que “hiciera las gestiones pertinentes para que sus proyectos quedasen bien situados”. Así, Henríquez y Perdomo quedan como impulsores de la trama, pese a que el primero está exculpado en el proceso judicial.

En las conclusiones socialistas también se califica de “pantomima” la investigación interna que llevó a cabo la actual consejera de Industria, Marisa Tejedor, a raíz del estallido del caso, lo que, a su juicio dejó de manifiesto “la falta de voluntad investigadora por parte del Gobierno”.

Cuatro proyectos de interés general

En el segundo punto del orden del día se incluía la segunda votación aplazada en el pleno que acabó por el veto de la mayoría de los diputados por La Gomera, los tres socialistas: la declaración de interés general de los cuatro proyectos turísticos que aspiran a ser considerados como excepción a la moratoria turística establecida por la Ley de Directrices.

El resultado fue el previsto y anunciado ayer en el debate plenario: PP, CC y APL votaron a favor de los cuatro -que se trataron individualmente-, mientras que PSC, Nueva Canarias y PIL se opusieron. El resultado, aprobados por 29 votos a favor y con 20 en contra.

Los proyectos declarados de interés general, que ahora deberán continuar su tramitación en los respectivos cabildos y ayuntamientos son: el Hotel Temático Familiar (Tenerife), promovido por Santones, S.L., que solicita un número de plazas alojativas de 484; el complejo Anfi Tauro (Gran Canaria), del Grupo Anfi y Anfitauro, S.A. para 1.681 plazas; el Complejo de Apartamentos Turísticos en el Sector Abama (Tenerife), cuya entidad promotora es Tropical Turística de Canarias, S.L., que solicita 700 plazas alojativas; y el Gran Hotel & Villas Meloneras (Gran Canaria) de Lopesan, por 2.631 plazas. En total, suman 5.496 nuevas camas turísticas.

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