El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, persentará una queja ante el Consejo General de Poder Judicial por el uso público de las conversaciones grabadas por la Policía en el marco de la investigación del ‘Caso Góndola'.
Berriel ha asegurado que piensa querellarse “contra quien realizó las transcripciones y las grabaciones” pues han salido a la luz de manera “fraccionaria, sin contexto, y denotan el disparate en el que estábamos con escuchas de la Policía a quien no debían escuchar y con conclusiones desacreditadas por los Tribunales”.
El responsable, que aparece en las conversaciones con el empresario Santana Cazorla y con el ex presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, calificó como “despropósito” el que el contenido de las cintas haya trascendido.
Berriel aludió a un auto del TSJC determinó que no existía delito de tráfico de influencias “ni nada anormal, sino que estaban en la lógica conversación de las personas”.
Para el responsable del área, estas grabaciones se produjeron “en un momento vergonzoso pues son conversaciones entre dos personas que no se pueden difundir y eso coloca a la sociedad en un cristal permanente ya que hay que saber el contexto y el tono en el que se dice”.
Soria elude pronunciarse
Por el presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, José Manuel Soria, manifestó -al ser preguntado sobre si considera que el alcalde de Mogán, Francisco González, ‘no robó'- que no puede compartir en absoluto que “antes de que un tribunal se pronuncie se puedan hacer afirmaciones de esa naturaleza” porque, insistió, “antes de que los jueces se pronuncien, no se puede condenar absolutamente a nadie”.
Soria, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, aseguró que no quería hablar sobre “una cuestión que está sub iudice” y reiteró que esas consideraciones sobre el alcalde de Mogán “en una democracia y en un estado de derecho solo las puede decir un tribunal” y una vez hable éste “sí que se pueden emitir opiniones”.
De hecho, admitió que sí que se pueden dar opiniones sobre sentencias en firme de malversación de fondos públicos que se han producido en otras instituciones, “pero no me puedo pronunciar ni hacer una sentencia antes de que los tribunales lo indiquen”.
