El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, afirmó durante su comparecencia parlamentaria sobre la desclasificación del suelo de Montaña Rayada que “el Gobierno ha evitado pagar más de 1.000 millones de euros en indemnizaciones gracias a la eficacia de los servicios jurídicos del Gobierno frente a los cien millones recurridos en el Supremo por Tebeto”.
Se preguntó Berriel si la aplicación de las reglas pueden lograrse sin riesgo de coste alguno para la comunidad, para admitir a continuación que “el acto legislativo ha sido eficaz desde el punto de vista balance-beneficio, sin prejuicio de no estar de acuerdo con las cuantías de la indemnización”.
Berriel realizó un recorrido durante treinta y cinco años por la legislación municipal, insular y regional para informar sobre la desclasificación de Montaña Rayada y la indemnización millonaria a que han dado lugar los derechos preexistentes que supondrán el pago de 33 millones de euros a los promotores.
El consejero de Medio Ambiente defendió el pago por Montaña Rayada, -que aún no se ha hecho efectivo-, y fundamentó su argumentación en que esta sentencia es firme, y hay que cumplirla, y en segundo lugar ha sido consecuencia de decisiones tomadas por el Parlamento y por el Gobierno de Canarias, desde que se decidió proteger los espacios naturales canarios.
En este sentido hizo una reflexión sobre las sucesivas leyes de protección y ordenación del territorio de Canarias, a lo que se añadió la designación de lugares LIC, y de la Red Natura 2000, con lo que el 49 por ciento del espacio canario está protegido.
Triple acusación
La diputada socialista Gloria Gutiérrez calificó la comparecencia de Berriel de “tardía, sospechosa y tramposa", y puso como ejemplo que el de 24 de septiembre cuando se acuerda detraer las cantidades para pagar por Montaña Rayada, justo un día después de que el presidente Paulino Rivero ocultara este hecho.
Gutiérrez acusó al Gobierno de obrar de distinta forma ante el pago de indemnizaciones. "Es más, si no hubiéramos denunciado Tebeto se hubiera pagado, y si no lo hubiéramos hecho con Montaña Rayada lo hubieran ocultado”, apostilló.
"Lo que denunciamos", explicó la diputada es que “el Gobierno actúa cuando se conoce el asunto, y lo que no, se calla la boca”. La diputada socialista calificó la comparecencia de Berriel de sospechosa porque se ha llevado en el "más absoluto silencio", y se preguntó por qué no alegó insuficiencia financiera y lentitud en la modificación de crédito como ocurrió con el auto de Tebeto.
También preguntó Gutiérrez si se han agotado todo tipo de recursos ordinarios, extraordinarios y de revisión, y por qué el “silencio cómplice con los especuladores”, cuando en ambos casos los propietarios no han movido ni una piedra, por lo que demandó su presencia en la Cámara regional.
El PSOE exige al Gobierno que se ponga a trabajar para evitar la indemnización de 33 millones, o lo que proceda, añadió, por que “nos negamos a que sus errores los pagó el pueblo canario”.
En tercer lugar, la comparecencia es "tramposa" porque el consejero "viene con las cartas marcadas". El grupo solicitó copia del expediente y “no lo tenemos para poder estudiarlo”, cuando hoy hemos sacado a la luz otra indemnización que saquea las arcas de Canarias, no se puede permitir que se detraigan de las consejerías de Educación, Sanidad y Empleo.
Encajar el riesgo
Domingo Berriel le aconsejó a Gutiérrez que “saquen copia de la sesión para acceder al expediente, y acusó a Gutiérrez, de “no saber encajar el riesgo”. Además, le indicó a la diputada respecto al grueso del expediente que “se le contestará en el plazo debido, y si quiere tenerlo antes va a la consejería y se sienta allí”, aunque le advirtió que le llevó muchas horas su estudio.
El responsable regional de Política Territorial rechazó las acusaciones de Gutiérrez, le recordó que en la primera protección del Ayuntamiento de Pájara gobernaba el Pacto de Progreso, para finalizar con una afirmación: “No se rasguen las vestiduras si esa buena protección cuesta dinero”.
“No queda otra que acatar respecto a Montaña Rayada”, reincidió Berriel, mientras que Tebeto sigue pendiente en el Tribunal Supremo.
Acusaciones veladas
En la misma línea se pronunció el portavoz nacionalista José Miguel Barragán, quien aseguró que “si hubiéramos llegado a un acuerdo ¿no nos hubieran acusado de especuladores en el parque nacional de Jandía?. Además, justificó que las sentencias condenatorias han sido “por proteger”.
“Los que recurren para llevarse el dinero ni son de Fuerteventura ni viven en ella”, apostilló Barragán, quien reincidió en la necesidad de cumplir las sentencias firmes.
“No es lo mismo depositar los 100 millones por Tebeto con posibilidad de que los devuelvan, al no ser firme la sentencia, mientras que en Montaña Rayada no existe discusión posible”, dijo Barragán.
