Por Cándido Marquesán Millán
Se ha dicho con excesiva autocomplacencia por parte de muchos historiadores, más españoles que foráneos, que la Transición Democrática en España, el paso de un régimen dictatorial a uno de libertades, al haberse llevado a cabo sin traumatismos ni enfrentamientos civiles, ha sido ejemplar y modélico; y que, por ello era exportable a otros países, sudamericanos o de Europa Oriental. Todavía más, que al haber sido un proceso tan perfecto, ha merecido la atención de numerosos politólogos, historiadores, sociólogos de todo el mundo; por lo que nos hemos convertido otra vez en referencia mundial, como lo fuimos antes por la Guerra Civil, aunque los motivos son muy diferentes. También se nos ha dicho que los grandes pilotos de este proceso histórico han sido la figura del Rey y la de Adolfo Suárez. Esta línea de pensamiento ha sido interiorizada por la mayoría de los españoles de tal manera, que aquel que se atreva a discrepar de ella es acusado de insensatez o de falta de patriotismo. Aunque sé que voy a verme sometido a todo tipo de dicterios o ataques furibundos, me coloco en el grupo de esa minoría discrepante.
Entiendo que no fue tan modélica, ya que se hizo dejando muchos cabos sueltos, por no molestar a determinados poderes fácticos, por lo que todavía quedan determinadas asignaturas pendientes en estos acontecimientos iniciados en 1975, que hasta que no se salden, podría decirse que la Transición Democrática, todavía no ha finalizado. Como atenuante de estas carencias, podría servir que en el momento que se hizo, se hizo lo que se podía hacer, y que si se hubiera tenido la pretensión de hacerlo de otra manera, quizás podrían haberse producido de nuevo enfrentamientos civiles, a los que tan acostumbrado hemos estado los españoles. Sin negar lo que pueda haber de cierto en esta afirmación, esta nunca puede servir de pretexto para ocultar la verdad, y así presentar como modélico lo que realmente no lo fue.
Una de las asignaturas pendientes de la Transición Democrática en nuestro país es la cuestión religiosa. Las relaciones Iglesia-Estado tal como se establecieron en los Acuerdos de 1976 y 1979, como la redacción de algunos artículos constitucionales, como el 16.3 y el 27 no parecen ser las idóneas en una sociedad democrática. En esas fechas, tanto la Iglesia católica española y el Vaticano por un lado; y, por otro, la clase política, en su mayoría, estaban de acuerdo que el Estado confesionalmente católico heredado del franquismo era un anacronismo en la Europa democrática del momento. Había que establecer las relaciones Iglesia- Estado sobre unas nuevas bases. Los principales partidos políticos, conocedores de la historia de la II República, no quisieron que nuevamente la “cuestión religiosa” volviera a envenenar la convivencia entre los españoles; y además siendo conscientes de que la Iglesia era todavía una poderosa institución capaz de perturbar una transición tranquila a la democracia, si no se alcanzaba pronto algún acuerdo con ella, se marcaron el objetivo de llegar lo más pronto posible a un acuerdo negociado con ella. Si éste no se hubiera conseguido, probablemente nuestra Transición Democrática hubiera sido diferente. Todos estos Acuerdos se alcanzaron en un determinado contexto político, que hoy es muy diferente, ya que la democracia es irreversible y las fuerzas políticas dominantes son otras, por lo que deberían ser denunciados, o cuando menos ser revisados en profundidad.
Igualmente otra asignatura pendiente es la que hace referencia a la forma de Estado. No debemos olvidar que el 21 de julio de 1969 Franco designa a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de "Príncipe de España". Así es proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969 cuando Juan Carlos jura: "fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino". A la muerte del dictador, fue entronizado, sin que los españoles pudieran pronunciarse al respecto. En realidad, de una forma explícita, nunca han podido hacerlo. Los defensores de la transición arguyen que el voto favorable a la Constitución fue una forma de hacerlo. Se suele olvidar, sin embargo, que el 6 de diciembre de 1978, los españoles hubieron de pronunciarse sobre esa y otras 168 cuestiones más (la Constitución tiene 169 artículos). Además, dicho referéndum tuvo lugar en un clima de chantaje socio¬político que asimilaba el "no" a una nueva guerra civil. Independientemente, del papel que esté desempeñando la figura del Rey en estos años, pienso que ya va siendo hora de plantear la posibilidad de que el pueblo español pueda expresar su opinión sin ningún tipo de trabas sobre República o Monarquía.
Y, por último, quiero referirme a la última asignatura pendiente, la de llevar a cabo una reparación auténtica de todas las víctimas republicanas. Como muy bien escribió recientemente Antonio Muñoz Molina: He sentido un fondo de desconsuelo al ver que la democracia restaurada no se esforzaba demasiado en honrar a los perseguidos, a los silenciados, a los encarcelados y asesinados por el franquismo, a los que salieron de España al final de la guerra y continuaron combatiendo al nazismo en Europa, a los cautivos y supervivientes de los campos alemanes. Hubiéramos querido que se les hiciera justicia mientras estaban vivos, y también que los valores que ellos defendieron tuviesen más presencia en la política española: un sentido de la austeridad y la decencia, de la ciudadanía solidaria y responsable, una vocación franca de justicia social, un amor exigente por la instrucción pública, un verdadero laicismo, un respeto a la ley entendida como expresión de la soberanía popular. Aunque tarde, el auto del juez Garzón puede saldar esta deuda, y para todos los demócratas se trata de una decisión de una trascendencia incomparable. Se acabó el contrasentido de dejar que España fuese el único lugar en que a los asesinos no se les diera el tratamiento merecido. Alemania tuvo los juicios de Nuremberg, Italia se tomó la justicia por su mano ejecutando a Mussolini y colgándolo cabeza abajo en la Plaza Loreto de Milán, Francia persiguió a sus colaboradores de Vichy en una serie de polémicos juicios que se extendieron hasta los años 90. El 16 de Octubre fue finalmente el turno de España. Un Estado que se reputa democrático y de derecho, debe establecer los límites entre el bien y el mal, entre las urnas y las sublevaciones armadas que las rompen, entre la política y el crimen, entre lo civil y lo militar, de lo contrario no es un Estado digno de ese nombre ni merece respeto alguno.
