José Miguel Rodríguez (en primer plano, concejal de Hacienda de Arrecife.
El concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, recibe las críticas de la oposición al Presupuesto municipal 2008, en fase de exposición pública tras su aprobación en pleno, como manifestaciones “normales” de grupos políticos que no están en el grupo de gobierno. El plan económico, destaca Rodríguez, está condicionado por deudas “heredadas” de la anterior legislatura. El concejal admite que si el dinero destinado a pagar obligaciones se invirtiese en obras y necesidades que reclama la ciudad, fuese un Presupuesto más sensible con los vecinos, sin embargo, defiende el trabajo que realiza el grupo de gobierno a fin de dar cobertura a las promesas electorales y a las demandas de los ciudadanos. “El Presupuesto no es el ideal por tener que hacer frente a pagos forzados que son heredados”. El Ayuntamiento tendrá que empezar a reconocer deudas a proveedores por valor de 12 millones de euros una vez que compruebe que efectivamente los servicios han sido prestados. Si es así, la Corporación no tiene otra alternativa que abonar el dinero.
Mejores previsiones para 2009
El grupo de gobierno cree que las cuentas de 2009 no estarán tan condicionadas al pago de deudas sin descartar erogaciones por sentencias judiciales asociadas a la ordenación urbanística. Eso sí, Rodríguez garantiza la erradicación de la contratación de servicios que no cumplan a rajatabla con el proceso administrativo vigente. Una de las grandes objeciones de la oposición al Presupuesto de este ejercicio gravita alrededor del capítulo de inversiones, 7 millones de euros, pero Rodríguez advierte de que está previsto un plan de mejoras con inversiones plurianuales.
El catastro
El Ayuntamiento espera una respuesta escrita de la Dirección General del Catastro que respalde sus buenas intenciones manifiestas verbalmente de acoger la propuesta hecha por el Consistorio para que los poseedores de inmuebles y terrenos no sufran con el llamado ‘catastrazo' y tengan que asumir subidas desproporcionadas del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Entre tanto, los ciudadanos mantienen la incertidumbre.
