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Sección > Lanzarote

Juan Francisco Rosa, Gladys Acuña, José Antonio Rodríguez y José Francisco Reyes, entre los 9 acusados que comparecen ante la Audiencia Provincial de Las Palmas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias

Arranca el juicio oral por el caso de la bodega Stratvs

El TSJC se desplaza hasta Arrecife durante toda la semana para juzgar en esta primera parte del juicio las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza para permitir la apertura de la bodega. El abogado de Rosa pide la prescripción del delito de tráfico de influencias y solicita la expulsión de la causa de la acusación popular, personada en la familia Negrín
Crónicas · 19 de junio de 2017

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Este lunes ha arrancado definitivamente el primero de los dos juicios orales previstos por el caso de la bodega Stratvs, con la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desplazada hasta los juzgados de Arrecife.

En él se analizan las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza, entre ellos la primera licencia dada en 1999, el permiso de prórroga de esa licencia otorgado en 2005 y la licencia de Actividad, permisos que, según el Ministerio Fiscal, la acusación popular, personada en la plataforma ’Transparencia Urbanística’, y la acusación particular, ejercida por la familia Negrín, permitieron la apertura de la famosa bodega en 2008.

El empresario Juan Francisco Rosa, la alcaldesa de Yaiza y diputada lanzaroteña Gladys Acuña, el ex concejal de Urbanismo de Yaiza José Antonio Rodríguez y el ex alcalde sureño José Francisco Reyes, se han sentado desde este lunes entre los 9 acusados que comparecen ante el Alto Tribunal por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ente otros. Junto a ellos, también están acusados componentes de la Junta de Gobierno de Yaiza que en su día concedieron la licencia de actividad a la bodega, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, así como técnicos del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo.

En principio, dentro de sus conclusiones previas, el Ministerio Público solicita 3 años de prisión para el promotor de las obras de la bodega y dueña de la misma, Juan Francisco Rosa, casi 4 años para Gladys Acuña, un año y medio para los miembros de la Junta de Gobierno de Yaiza y para el ex alcalde José Francisco Reyes, 2 años de prisión para José Antonio Rodríguez y penas de inhabilitación para los técnicos investigados en la causa.

Según fuentes judiciales, se prevé que este primer juicio oral pueda extenderse hasta este mismo viernes. Además, el TSJC calcula que este mismo miércoles declararen los testigos. 35 han sido citados pero se prevé que solo algunos de ellos testificarán finalmente.

Consideraciones previas

En sus consideraciones previas, la defensa del empresario Juan Francisco Rosa, el letrado José Antonio Choclán Montalvo, que ha pedido que no se tengan en cuenta a priori los atestados policiales hasta que no declaren los agentes, y que también se desestimen las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas, ha alegado que existe respecto al delito de tráfico de influencias "una prescripción notoria y manifiesta", al haberse tenido constancia de la primera denuncia por la construcción de la referida bodega el 18 de diciembre de 2008 y haberse dado el primer trámite de diligencias en octubre de 2012, y la primera resolución judicial al respecto en noviembre de 2013, con el primer auto de la Fiscalía. El abogado de Rosa interpreta que dicho delito ya ha prescrito ya que la Ley establece en tres años el plazo para la prescripción del delito.

"Ceremonia de la confusión"

El fiscal del caso, Ignacio Stampa, ha contestado recordando que la instrucción del caso Stratvs se dividió en dos piezas separadas por la condición de aforada de la actual alcaldesa de Yaiza y diputada regional, Gladys Acuña, con lo que a su juicio existe "delitos conexos" y no se da tal prescripción del delito propuesta por la defensa de Rosa. En este punto, Stampa, igual que la abogada de la defensa popular, Irma Ferrer, han puesto de manifiesto que en noviembre de 2013, cuando Rosa testificó por primera vez como investigado en esta causa, fue preguntado "si cada vez que necesitaba que le movieran los papeles, llamaba directamente arriba". Según los letrados de la acusación, la respuesta literal de Rosa fue "si necesito que me muevan los papeles [mirando hacia arriba] si hace falta llamo al mismísimo Rajoy".

Por su parte, la abogada Irma Ferrera ha desestimado también la petición de prescripción del delito de tráfico de influencias contra Rosa acusando al empresario de "jugar y poner en marcha en todo momento la ceremonia de la confusión".

El abogado del empresario Rosa también ha propuesto la expulsión de la causa de la acusación popular, personada en la familia Negrín. "Los delitos de prevaricación y tráfico de influencias solo afectan al Estado, en ningún caso a un particular", ha señalado el letrado.

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