El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves con los votos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, a la que se opuso el PSOE al considerar que invade competencias locales y supone un “grave retroceso” en la política de ordenación del territorio y en la contención del desarrollo turístico.
El diputado socialista, Manuel Fajardo, señaló que la norma es “profundamente insostenible” y dijo que con ella se obedece “a los dueños del suelo y del hormigón y la especulación”. CC y PP, que rechazaron todas las enmiendas que el PSOE mantenía al pleno, aseguraron que la norma es “claramente favorable” para todas las actividades económicas de Canarias y señalaron que dinamizará la actividad agrícola, ganadera, industrial y turística.
Defensa de CC
José Miguel González, de CC, destacó la importancia de la norma porque racionaliza los usos del suelo, potencia la actividad del sector primario e industrial y fija los medios para afrontar la rehabilitación turística. Además, dijo que facilita que el Gobierno canario emita las directrices sectoriales, actualmente paralizadas.
Desmintió que vulnere la autonomía local, lo que consideró “una falacia”, recalcó que los ayuntamientos aumentan sus competencias “enormemente” y dijo que el Ejecutivo sólo actuará con carácter excepcional y ante la inacción de las corporaciones locales. Miguel Jorge Blanco, del PP, afirmó que la ley no hará milagros, pero ayudará a remover un gran número de obstáculos de la legislación actual.
Eliminar la moratoria
Fajardo lamentó la falta de consenso y dijo que la norma se aprueba pese a la alta contestación social e institucional, y manifestó que con la misma se pretende eliminar la moratoria. Además, recalcó que con ella se hará añicos la frase “más talento y menos cemento”, acuñada por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. Sostuvo que servirá para repartir “las migajas” que quedan en el territorio y se convertirá en elemento inspirador de la “arbitrariedad”. Fajardo mantuvo que la ley estimula el aumento de plazas turísticas, favorece el consumo de nuevo territorio, desprotege el suelo rústico y no cumple con los criterios de sostenibilidad.
Simplificación y racionalización
Según el texto de la norma, ésta aborda la simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística eliminando “rigideces y exigencias innecesarias” en relación con el procedimiento de aprobación de las Directrices de Ordenación. Afronta asimismo la ordenación del suelo rústico con el objetivo de promocionar la actividad agropecuaria y el dinamismo del medio rural, así como la diversidad económica a través del fomento de la implantación industrial, de los servicios, equipamientos y dotaciones públicas y la diversificación energética renovable. La norma pretende corregir los preceptos del marco legislativo actual que impiden o dificultan la adaptación y desarrollo del planeamiento urbanístico y territorial para facilitar su eficacia y evitar que las dificultades que supone la falta de planeamiento para la implantación de infraestructuras y servicios públicos y para el desarrollo de la actividad económica. La Ley de Medidas Urgentes contempla el desarrollo turístico y los límites de la ocupación territorial. Se mantiene la prohibición de clasificar nuevos suelos urbanizables con destino turístico, aunque se permite la reclasificación de terrinos siempre que se proceda de forma simultánea a la desclasificación de suelo turístico en igual o mayor proporción.
Además, se permite la reclasificación como consecuencia de operaciones de reforma interior que ocasionen un traslado de ubicación de instalaciones hoteleras ya existentes.
La norma contempla la modulación del crecimiento de la planta alojativa para el próximo trienio y se opta por priorizar la renovación y rehabilitación de la planta obsoleta o que precise mejoras para asegurar la competitividad del sector. También aborda la denominada moratoria turística por la que se acota en el tiempo el aplazamiento o suspensión de las iniciativas de nueva implantación y establece alternativas opcionales para los titulares de los suelos rústicos que cuenten con la consolidación de sus aprovechamientos.
Impulso al agricultor
Uno de los parlamentarios regionales de Coalición Canaria, Mario Pérez, sostuvo que la Ley de Medidas Urgentes está encaminada a tomar medidas estructurales que revalorizarán el trabajo del agricultor. “Se van a eliminar calificaciones territoriales que duermen el sueño de los justos”. La Ley potenciará la explotación agrícola pero también la implantación de energías alternativas y permitirá la legalización de más de 7.000 instalaciones ganaderas en toda Canarias. Con respecto al suelo industrial, la normativa prevé que este tipo de suelo quede en manos de los ayuntamientos y no de los cabildos. “El suelo debe ponerse a disposición de los pequeños talleres para que ciertas actividades no molesten a los vecinos en las zonas residenciales, y si no se hace así, el Gobierno está dispuesto a expropiar los terrenos o incluso a comprarlos”, dijo Pérez. En cuanto a la industria turística, el diputado aseguró que la Ley de Medidas Urgentes facilita la renovación de la planta hotelera obsoleta sin construir un metro de suelo más. El político nacionalista negó que la Ley sea una coladera para legalizar hoteles fuera de la ordenación territorial como la ha venido denunciando el Partido Socialista. Mario Pérez precisó que el Gobierno está por la labor de legalizar lo que sea legalizable tal y como se lo transmitió en su momento al Cabildo de Lanzarote, que rechazó incluir la posibilidad de regularizar los establecimientos alojativos de la Isla con licencias anuladas por los tribunales de Justicia en el marco de la Ley de Medidas Urgentes.
