viernes. 29.03.2024

La situación de unas 4.000 camas rurales ilegales en La Palma, La Gomera y El Hierro, así como la de unas 300 farmacias del Archipiélago y la adaptación del rent a car a la directiva Bolkestein tendrán que esperar a una nueva celebración del Pleno tras la impugnación que sobre estas tres enmiendas a la modificación de la Ley de Turismo han hecho dos tercios de los diputados gomeros presentes en la Cámara.

El diputado socialista Julio Cruz, como diputado gomero y representando a 2/3 de los gomeros de la Cámara, apeló al artículo 12/4 del Estatuto de Autonomía, que permite la impugnación de disposiciones que afecten a determinadas islas, y solicitó el aplazamiento de la votación de estas disposiciones al entender que persiguen “intereses muy particulares”.

Así, la Disposición adicional segunda-bis y disposición adicional segunda-ter sobre la ordenación territorial de la actividad turística de La Palma, El Hierro y La Gomera, así como la disposición adicional segunda-quater sobre la Ordenación del Transporte por Carretera y la disposición adicional segunda-quinquies sobre la Ordenación Farmacéutica de Canarias quedan aplazadas.

Esto implica que formalmente la modificación de la Ley de Turismo no sea efectiva hasta este próximo sábado a las 10:00 horas, cuando se reunan de nuevo los diputados exclusivamente para votar, sin que haya debate.

Precisamente el debate de esta ley ha estado protagonizado por las discrepancias del Grupo Socialista, que ha acusado a los grupos que sustentan el Gobierno de “ilegalidades” en la tramitación por la vía de urgencia y en procedimiento abreviado de la modificación de la ley de ordenación turística. En concreto, se quejaban de que se haya “aprovechado” la modificación de la ley turística para aprobar tres enmiendas que modifican a su vez otras tantas leyes.

Según el portavoz parlamentario socialista, Santiago Pérez, estas enmiendas no respetan los criterios de congruencia exigidas a la presentación de enmiendas porque estas no versan sobre el objeto de la ley que se modifica, lo que ha provocado un “conflicto jurídico de cierta entidad” en el seno del Parlamento.

Es por ello que, apelando al artículo 23 de la Constitución Española sobre la participación política de los ciudadanos, los socialistas han asegurado que presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, Julio Cruz ha informado de que se ha solicitado a la Mesa la revisión de todo el expediente al considerar que se ha producido falsedad documental.

Conflicto jurídico

El conflicto jurídico tuvo como protagonistas a Santiago Pérez y al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, quienes se acusaron mutuamente de no respetar los cauces procedimentales fijados en el reglamento del Parlamento y de no tener voluntad de llegar a acuerdos.

Pérez insistía en que con estas enmiendas “se ha cambiado el objeto”, acusando a CC y PP de “extralimitación del derecho a presentar enmiendas en lo que son modificaciones de otras leyes” lo que a su juicio “deja en la indefensión al PSC de enmendar estas modificaciones”.

El portavoz parlamentario del PSC recordó que presentó a la Mesa del Parlamento un escrito para que se reconsiderase la admisión y tramitación de las enmiendas de CC y PP que no se refieren al objeto de la ley de turismo. No se llegó a ningún acuerdo. Tras esto, el Gobierno propuso que el PSC retirara el escrito y los grupos de PP y CC retirarían las enmiendas sobre farmacia, pero mantendrían las otras dos. Pérez hizo una contrapropuesta: “que mantengan las enmiendas al transporte terrestre, porque puede tener una conexión con los temas turísticos, y que presenten dos proyectos de ley sobre el resto”. Tampoco se llegó a ningún acuerdo.

Por su parte, Ruano acusó a Pérez de ser “un experto en utilizar todos los planos” y en su “papel de hombre duro, de látigo contra el Gobierno porque tendrá que rendir pleitesía a otros”. Además, le acusó de que con esa actitud “es imposible llegar a acuerdos”.

La ley

En lo que respecta a la propia ley, que perdió protagonismo debido al que obtuvieron las citadas enmiendas, el diputado ‘popular’ Fernando Figuereo justificó que esta modificación “es necesaria para fomentar el crecimiento de la economía, con la creación de empleo”, “armonizar la legislación” con la europea, y simplificar los procedimientos de obtención de licencia.

“Las actividades empresariales que sustentan la economía están en constante cambio y un excesivo intervencionismo, como hasta ahora, provoca la paralización de nuestro sector empresarial”, declaró. A su juicio, el turismo ha estado “excesivamente regulado” y considera que “quien mejor regula el número de camas y los servicios que se prestan es la propia demanda, los propios clientes y tour operadores, quienes exigen mayores estándares de calidad e incluso de criterios medioambientales”.

Las cuatro disposiciones que han sido impugnadas suponen legalizar la situación de unas 4.000 camas rurales en La Palma, El Hierro y La Gomera, que han ejercido su actividad económica al margen de la legalidad. Al parecer, y tal y como denunció Pérez, la propia patronal turística de la provincia occidental ha considerado que esto supone un agravio “a aquellos que lo han hecho bien”.

Asimismo, la situación de unas 300 farmacias de Canarias que tenían el riesgo de cerrar, merced a una sentencia firme del Tribunal Supremo que declaró la nulidad del concurso de adjudicación de farmacias por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias debido a una cuestión de forma, conseguirian regularizarse.

Aplazada la aprobación de la Ley de Turismo por acusaciones de irregularidad del PSC
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