Fotos: Dory Hernández
Lanzarote sufre ciertas prácticas clandestinas que están contribuyendo al deterioro del turismo insular. Muchas personas explotan sus casas para el beneficio turístico, como adelantó este diario en ediciones pasadas. Pero el asunto llega aún más lejos con la conversión de complejos turísticos en residencias privadas.
La situación tiene mucho que ver con el letargo en el que está sumido el turismo insular y también con el cambio de la mentalidad del turista, que tiene otras preferencias de cara a sus vacaciones. Poco a poco, muchos apartamentos turísticos han envejecido y se han decantado por no invertir en mejoras y adaptación en lugar de vender estas viviendas. Actuaciones así no sólo son legalmente cuestionables, sino que contribuyen a crear una peor imagen de la ciudad y al consiguiente empobrecimiento del turismo. Así lo manifestó el pasado miércoles en la 95.8 José Antonio Tejera Barreto, un empresario de Puerto del Carmen que durante muchos años fue presidente de la Asociación de Coches de Alquiler sin Chofer, integrada en Aetur. Tejera cree que en la localidad de Tías es donde se ve mejor esta situación y por este motivo Crónicas se ha desplazado a Puerto del Carmen para presenciar la imagen de estos apartamentos y conocer la opinión de más empresarios y vecinos.
Paisaje desolador
La consecuencia directa de estas ilegalidades es la degradación acelerada de zonas turísticas, que son uno de los principales sustentos para Lanzarote. Los complejos que con el paso del tiempo no se renovaron, seguían beneficiándose de igual modo debido a la fuerte demanda turística por un lado, y debido también a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Los empresarios que poseen complejos de apartamentos pueden librar parte de sus impuestos si cumplen con los requisitos requeridos desde el Gobierno canario gracias a la RIC y como consecuencia de ser parte de una Región Ultraperiférica (RUP). Es un ahorro que, en teoría, debe usarse para adaptación y mejoras de los terrenos y locales y del que muchos hacen oídos sordos.
Pero la navaja tiene doble filo y las imágenes hablan por sí solas. La venta de apartamentos turísticos a particulares provoca en muchos casos el deterioro de la vivienda y, en consecuencia, de la vecindad. En el mismo corazón de Puerto del Carmen conviven hoteles de categoría, comercios para visitantes o empresas que dependen del turismo con casas asoladas, apartamentos separados unos de otros con sillas viejas e incluso pequeños comercios ocultos en las plantas bajas.
Para Tejera Barreto ni es algo nuevo ni ocurre en Puerto del Carmen exclusivamente; por eso se alarma ante el “auténtico gueto en el que se han convertido estos complejos, vendidos a humildes particulares”. “Te encuentras viviendas donde están familias en menos de 30 metros, conviviendo con basuras o aparatos inservibles y suciedad rodeando apartamentos en los que los visitantes están pasando sus vacaciones”, añadió.
Ni denuncias ni expedientes abiertos
No es necesario desplazarse a Puerto del Carmen, ni a Costa Teguise, ni a ningún otro pueblo turístico de la Isla. Internet es una de las armas más poderosas en la actualidad y con ella se puede comprobar que estos apartamentos ilegales son una realidad, una realidad que ni siquiera se encubre o disfraza. En diferentes buscadores de la Red se pueden encontrar, alquilar y comprar viviendas que, al igual que en la imagen de esta página, no esconden su condición de apartamentos turísticos.
La realidad está plagada de ilegalidades y actuaciones clandestinas evidentes, pero, ¿quién es el responsable?, ¿dónde están las medidas por parte de las instituciones correspondientes?, ¿quiénes son aquí las instituciones correspondientes? Habitantes de la localidad sureña y empresarios se plantean esta misma pregunta mientras la realidad sigue siendo la misma: un caos territorial, turístico y social.
Pero la pelota pasa de tejado a tejado
Hasta el momento la responsabilidad del cuestionable uso residencial apuntaba al Ayuntamiento. Por eso Crónicas contactó con el concejal de Urbanismo de la localidad. José Antonio Gutiérrez cree que la solución está en advertir e informar a esos particulares que compran apartamentos turísticos, ya que su propiedad pertenece a la propiedad vertical, lo cual significa que no podrán registrarse legalmente, ni tener un servicio normalizado de agua o luz. Para el concejal, la responsabilidad es de los propietarios irresponsables que venden las viviendas y del Gobierno de Canarias, que es el que tiene en sus manos el poder del control. “El Ayuntamiento no tiene herramientas para evitar la compra y venta, tan sólo puede negarse a dar propiedades horizontales y por supuesto que así se está haciendo”, mantuvo Gutiérrez.
Por su parte, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, aseguró a esta redacción que no hay un único destinatario al que apuntar como culpable o responsable, sino que “primero hay que saber la situación de cada complejo turístico y ver qué tipo de propiedad y licencia tiene”. Rita Martín señaló que “el uso de suelos es responsabilidad del Ayuntamiento”. “También entran en juego las decisiones y actuaciones del registrador y del propietario”, apuntó.
Ante una imagen que lo dice todo, con causas, consecuencias y nombres, la responsabilidad resulta compleja y ambigua. De momento nadie ha tomado cartas en el asunto y la pelota, como si se tratara de un juego, sigue rebotando de tejado en tejado.
El aeropuerto, un paraíso en donde saltarse la ley
Lo sufren los taxistas, las empresas de alquiler de coches y las agencias de viajes; la especulación en el turismo afecta cada vez a más esferas. En numerosas ocasiones gremios relacionados con el turismo alzaban la voz protestando ante la intrusión laboral por parte de particulares sin licencias ni controles.
Se trata de individuos que aprovechan el escaso control, la complicada vigilancia y/o la fuerza sin barreras que tiene Internet para ofrecer sus servicios como guías, acompañantes o traslado a turistas recién llegados. Todo esto sin poseer el alta obligatoria para realizar este tipo de actividades y perjudicando tanto a las empresas turísticas como a la economía insular, ya que son servicios contratados y pagados en destino.
La receta: visión de negocio, algún tipo de contacto, manejo de la Web y poco respeto hacia la ley.
