El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a través del Juzgado Número 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, España, ha declarado la nulidad del expediente administrativo que acordaba la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo José Morales Brum y que, además, prohibía la entrada al país por un período de cinco años. Así lo señala la sentencia dictada por la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, el pasado 26 de febrero.
Según informaron este jueves desde Montevideo (Uruguay) fuentes del Grupo de Apoyo a José Morales, este juzgado ha estimado la demanda del ciudadano uruguayo ya que en este caso "ni se motiva la opción de expulsión ni se entiende que dicha expulsión sea proporcionada a los hechos acaecidos". Según las mismas fuentes, la sentencia indica que "tampoco se entiende que el comportamiento en sí (del ciudadano uruguayo) atente contra la seguridad ciudadana", agregando que en este caso "no se justifica la expulsión sin más del recurrente".
Este dictamen en firme del Juzgado se suma al auto dictado por la misma magistrada el 25 de febrero de 2013, en donde se anulaba la decisión política del Gobierno español de expulsar en forma sumarísima a este ciudadano mientras se tramitaba este expediente.
Desde el Grupo de Apoyo han recordado que que la Subdelegación del Gobierno español había abierto un expediente administrativo contra Morales Brum después de que participara en una concentración, en febrero de 2012, frente a la sede del Partido Popular en la isla de Lanzarote, manifestándose en contra de una resolución que otorgaba a la empresa Repsol la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas isleñas. Tras la finalización de la protesta, a este ciudadano se le acusaba, en forma falsa, de "alterar el orden público", lo que dio lugar a la apertura del expediente.
Esta sentencia, según las mismas fuentes afines a Morales Brun, "deja en evidencia la clara persecución política de las autoridades de la Delegación del Gobierno español sobre este activista". de acuerdo al mismo relato, Morales Brum había denunciado en 2012 la ilegalidad de su detención y posterior traslado a Uruguay (atado de pies y manos literalmente), siendo ingresado por la fuerza al territorio uruguayo a manos de un funcionario de Interpol en el aeropuerto de Carrasco.
Con este fallo favorable al activista uruguayo, queda abierta la instancia judicial de demandar a la administración y sus responsables por todos los daños y perjuicios ocasionados a este ciudadano. Esta sentencia deja en claro que fueron falsas las acusaciones, difamaciones, injurias y calumnias, que levantaron en su contra por parte de las autoridades españolas, concluyó el comunicado del Grupo de Apoyo a José Morales Brum.
