El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dejado sin efecto la orden emitida en el año 2009 por el entonces consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Marín Rodríguez Díaz, a través de la cual se asignó mediante concurso la potencia del sistema eléctrico de Fuerteventura.
La orden fue recurrida ante los tribunales por una empresa que pedía cambios en las puntuaciones que se otorgaban a los parques eólicos de Montaña Negras y Parque Quebrada del Mojeque. El Gobierno cometió errores de calado hasta el punto de confundir la ubicación de las instalaciones situadas en Puerto del Rosario y en Antigua.
Este tipo de concurso público, tal y como se aprobó en 2007 sirven para la asignación de potencias eléctricas eólicas en cada sistema insular, mediante nuevos parques destinados a verter toda la energía en la red. El TSJC, sin embargo, detectó determinados errores técnicos en la convocatoria que daban lugar a que, por ejemplo, se favoreciera la configuración de parques eólicos “alejados del principio del máximo aprovechamiento energético”. Estas instalaciones por lo tanto serían “poco razonables desde el punto de vista técnico y atenderían al interés del promotor por alcanzar la máxima valoración posible en su solicitud”.
Es decir, que según la Sala “se premia la falta de eficiencia energética” de los parques a base de otros factores. Además, se incurrieron en errores como confundir la suma de las áreas de sensibilidad eólica con la superficie que realmente ocupa el parque. Pero en general la orden está repleta de incongruencias y errores de cálculo que incluyen incluso las distancias entre aerogeneradores.
También se detectaron fallos importantes en las parcelas dado que se encontraban situadas en los límites entre los municipios de Puerto del Rosario y Antigua, de manera que a veces hay confusiones y en otras ocasiones los vuelos de los aerogeneradores invaden la localidad vecina. Esta falta de concreción en los límites de las localidades se intentó luego solucionar con carácter retroactivo, lo que no es aceptado por el Tribunal.
