El que partidos políticos que han estado vinculados a la gestión de Inalsa hagan parte de la comisión de investigación que pretende aclarar los hechos que rodean el contrato firmado entre la empresa pública y la UTE Edam Janubio, para la construcción y explotación de la planta desaladora Inalsa Sur, causa natural desconfianza. ¿Se puede ser juez y parte? Sin embargo, la consejera del Cabildo Ángeles García (CC), que preside dicha comisión, sostiene que con independencia de las personas que la conforman las sesiones son públicas y participan activamente los grupos políticos de la oposición, quienes también tienen todo el derecho a exigir la documentación que consideren oportuna para encontrar a los responsables del desaguisado. “Yo creo que en la comisión hay gente que está interesada en que salga la verdad, y de allí saldrá”, apostilló García.
Todávía no hay comparencencias
La comisión se reúne nuevamente este viernes pero no está prevista la comparecencia de ninguna persona, ya que sus miembros acordaron el pasado lunes pedir más documentación con el fin de ahondar en el tema y así poder preguntar con conocimiento de causa cuando proceda. “Lo lógico es que para hacer las preguntas tengamos toda la documentación en mano”, agregó la consejera. Tarde o temprano deberán comparecer los ex presidentes del Cabildo y los ex consejeros delegados de Inalsa, entre otros testigos. El contrato de Janubio se firmó en el año 2001 y el procedimiento de su adjudicación ha sido declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Canarias.
Ángeles García explicó que durante la sesión de este viernes repasarán documentos solicitados al Consorcio del Agua, al Consejo de Administración de Inalsa, al Gobierno de Canarias, al Consejo Consultivo y a otras instituciones, y luego se fijará el calendario para citar a los testigos, aunque no está confirmado que sea a partir de la próxima semana. Inicialmente la comisión tenía un plazo de sesenta días para acabar su trabajo y entregar las conclusiones, no obstante, si la situación lo amerita está facultada para ampliar ese plazo. La comisión inicialmente se creó con espacio para siete personas de todas las formaciones políticas con representación en el Cabildo, pero María José Docal (PIL) renunció a participar de la misma.
Edam Janubio aun no recurre
Al menos Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa, no tiene constancia de un ello, así se lo comunicó este jueves la Secretaría del Cabildo. La UTE Edam - Janubio o quien se crea afectado por la decisión del Consejo Consultivo de Canarias tiene un mes, plazo que vence la primera semana de diciembre, para interponer ante el Consorcio del Agua un recurso de reposición. Una vez cumplido esta primera instancia, la UTE, si así lo estima oportuno, podrá presentar un contencioso administrativo ante la justicia ordinaria para intentar ganar el caso. El Consorcio del Agua, integrado por los dueños de Inalsa (Cabildo y ayuntamientos), fue quien pidió al Consejo Consultivo un Dictamen sobre la legalidad del contrato. “Aun no hemos tenido ningún movimiento por parte de la UTE”, informó Pérez.
