jueves. 28.03.2024
La intervención del exconcejal de Alternativa Ciudadana, al que siguió la comparecencia de la exconsejera de Inalsa Plácida Guerra, está motivada por la denuncia ante Fiscalía por malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias

Andrés Barreto ratifica su denuncia contra Batllori en 'Jable', una de las piezas del caso 'Unión'

Batllori ha negado su imputación asegurando que las facturas que cobró fueron motivadas por el asesoramiento que prestó a miembros del PIL en Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife

El exconcejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) en Arrecife Andrés Barreto compareció este lunes ante la magistrada del Juzgado Número 5 de Arrecife para ratificar la denuncia presentada contra el exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, en el enjuiciamiento de una de las piezas separadas del llamado caso 'Unión', la operación 'Jable', una operación judicial y policial que vio la luz pública en mayo de 2009 y que investiga una supuesta trama de corrupción en la isla de Lanzarote relacionada con una presunta organización dedicada al cobro de comisiones ilegales.

Según ha declarado el propio Barreto a Crónicas, su presencia en los juzgados de Arrecife estuvo motivada esta vez por la denuncia que él mismo presentó ante Fiscalía contra Batllori, al que se acusa de delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil, además de tráfico de influencias, por cobrar presuntamente por unos trabajos no realizados ni para Inalsa ni para el Ayuntamiento de Arrecife.

En presencia de la jueza y cinco abogados que actúan en defensa de los imputados, Barreto ratificó su denuncia tal cual la interpuso en su día ante la Fiscalía.

A la comparecencia de Barreto le siguió la de la exconsejera de Inalsa Plácida Guerra, quien se negó a contestar a las preguntas de la jueza, aunque sí respondió a las cuestiones planteadas por su defensa.

Está previsto que este mismo martes declaren, entre otros, Dimas Martín, líder histórico del PIL, además de los concejales de este partido en Arrecife en la pasada legislatura José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco.

La denuncia de Andrés Barreto

En su día, el concejal de Alternativa reveló la existencia de cinco facturas de honorarios presentadas y percibidas por supuestos trabajos de asesoramiento a Inalsa por parte del abogado Francisco Rodríguez-Batllorí Sánchez, que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, y que en total ascienden al montante de 20.784,41 euros.

En dichos documentos, que se adjuntan en la denuncia, figuran unos pagos "por la realización de asesoramiento o gestiones que", según el representante de AC-25M, "nada tienen que ver con la empresa pagadora Inalsa S.A". Tras recordar el contexto económico en que se halla Inalsa y todo lo conocido con la Operación Unión en Lanzarote, Alternativa Ciudadana ha exigido a Inalsa que explique si dichos pagos se debieron al citado asesoramiento, si hubo otras personas beneficiadas y ha pedido que la empresa aporte certificación sobre tal colaboración y su contratación. Igualmente, piden que se aclare si se tomó algún tipo de medidas con los 60 expedientes por sendas personas acusadas de fraude por consumir agua sin contador ni contrato.

Al representante de Alternativa le parece sencillamente increíble que los gastos de Inalsa hayan pasado de 34 millones de euros en 2007 a 47 millones en 2008, o que el gasto energético pasara en solo seis meses de 7,7 millones de euros a 16,6 millones.

Batllori niega su imputación

Por su parte, Batllori ha venido asegurando en las últimas semanas en foros públicos que las facturas que en su día cobró se debieron al asesoramiento a cargos públicos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) que prestó.

En declaraciones a Crónicas Radio, Batllori ha vuelto a reiterar su "más absoluta inocencia" ante los hechos que se le imputan. "Reitero una vez más mi absoluta inocencia ante los hechos que se me imputan, como quedará acreditado en el momento procesal oportuno", sostiene el ex consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia, que asegura que los testigos a los que se hace mención en las "precipitadas" noticias forman parte de una "larga lista de nombres, todos propuestos por mi defensa, tanto los nombrados en los medios de comunicación como aquéllos que no figuran en los mismos, los cuales, todos, como ya digo, fueron propuestos por mi defensa y aceptados por el juez".

Según expone Batllori, de sus testimonios se deducirá "con absoluta nitidez" cuáles fueron los trabajos y actuaciones que como abogado colegiado desarrolló tanto para concejales del Ayuntamiento de Arrecife como para la empresa Inalsa.

El abogado concluye su escrito advirtiendo de que "en ningún caso se ha iniciado por parte de mis abogados acción alguna en contra de ninguna de las instituciones o personas que intervinieron en dicha detención y en su difusión mediática, lo que no quiere decir que en su momento se lleven a cabo las acciones legales que en defensa de mi honor e intereses se estimen oportunas por los letrados que me asisten".

Batllori ha llegado a declarar que "detrás de la Operación Unión hay alguna mano que ha movido hilos para hacer ver que la corrupción estaba en otros lugares, y no en los suyos propios".

Rodríguez Batllori, abogado de profesión, difundió en abril de 2010 una carta en la que aclaraba que las gestiones realizadas como asesor de la compañía de aguas de Lanzarote, Inalsa, eran legales y estaban justificadas, por lo que negaba que se hubieran podido producir cobros irregulares. En el sumario del caso Unión Batllori también figura como supuesto asesor de Dimas Martín, en relación a la situación penitenciaria del líder del PIL. La detención de Batllori se produjo el pasado 23 de abril en su domicilio de Santa Brígida para ser trasladado en helicóptero a Lanzarote.

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