Un grupo de Inmigrantes que denunció en 2005 la agresión y la expulsión de España por la Guardia Civil y la Legión.
AGENCIAS
Amnistía Internacional (AI) ha expresado su preocupación por la existencia de "informes sobre tortura y malos tratos" policiales en España y por la situación que afrontan los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el país. La organización pide la creación de una comisión de independiente para investigar este tipo de delitos.
El informe de la ONG defensora de los derechos humanos referido a 2006, destaca que "siguió habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", en una situación acompañada "en muchos casos de impunidad". Entre los ejemplos que cita se encuentra el 'caso Roquetas'.
Esta circunstancia se ha visto agravada "por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes", dice AI, que se remite a un estudio publicado por SOS Racismo, según el cual en uno de cada tres casos de violencia racista en España "los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley".
Amnistía recuerda también que España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, pero que "a pesar de ello, mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de la ONU (...) por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato". En concreto, cita "la detención en régimen de incomunicación".
El capítulo más extenso es el que lleva el epígrafe 'Migración y asilo', en el que la ONG denuncia que en 2006 "se siguieron dictando órdenes de expulsión contra inmigrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación".
La ONG se apoya en los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que indican que en los primeros meses del año se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.
El informe recoge el cambio en las rutas migratorias hacia España y la llegada durante el pasado año de más de 31.245 solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados africanos a las islas Canarias.
Malas condiciones de los centros
Amnistía indica que el "uso de centros de recepción improvisados para alojarlos y el hacinamiento extremo agravó las malas condiciones de los centros ya existentes" y que los derechos fundamentales de los menores llegados se vieron amenazados al verse superada la capacidad de acogida de las islas.
Debido a esta oleada migratoria, "los procedimientos de determinación de los casos de asilo (...) se vieron sometidos a presión extrema" y se agudizó el problema del "acceso restringido a la asistencia letrada y a los servicios de interpretación".
La consecuencia, afirma en el informe, es que se produjeron "procesos acelerados de devolución", sin que se tuviera en cuenta el derecho de toda persona "a solicitar asilo, a abandonar su país y a no ser devuelta a ningún país donde estuviese expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos". AI llama la atención sobre la investigación de la muerte de al menos 13 inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla en 2005, que aún no ha permitido "identificar ni castigar a los responsables".
Alude también a lo ocurrido en julio de 2006, cuando tres inmigrantes más murieron al intentar cruzar la frontera de Melilla, después de que la policía española disparara balas de goma a modo de aviso y las fuerzas marroquíes utilizaran munición real.
AI señala que "tres días más tarde, el Gobierno (español) aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para medidas de control de la frontera, sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos ni pedir explicaciones por las muertes ocurridas en la valla en 2005 y 2006".
Sin garantías jurídicas
Mientras, se enviaron inmigrantes de regreso a Marruecos cuando se podía demostrar su procedencia, en virtud de un acuerdo sobre devoluciones ya existentes, pese a que "las garantías jurídicas y de protección pedidas en estos casos eran insuficientes, por lo que las personas devueltas quedaban expuestas a sufrir malos tratos".
Sobre la violencia de género, AI habla de "un problema grave", con 86 mujeres muertas en 2006 por violencia en el ámbito familiar, 68 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas.
Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género en 2005 las denuncias de estos delitos aumentaron un 18%, pero "los nuevos tribunales dedicados a instruir tales causas no tenían recursos suficientes" para ocuparse de ellas.
Comisión de Investigación independiente
Ante esta situación, el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán propone la creación de una comisión de investigación independiente para esclarecer los casos de maltrato y tortura realizados por las fuerzas de seguridad.
Se trataría de un órgano compuesto por miembros del poder judicial y de la Policía, cuyos recursos económicos estarían controlados únicamente por el Parlamento y no por el Ejecutivo.
"El objetivo es evitar que miembros de las fuerzas de seguridad implicados en un supuesto caso de maltrato sean lo encargados de investigarlo, como ocurrió en el caso Roquetas", ha explicado Beltrán.
La citada comisión sería similar a la que ya existe en el Reino Unido, compuesta por 180 miembros, la cual logró que se investigara la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes muerto por disparos de policías, que le confundieron con un terrorista.
Avances esperanzadores
El balance de Amnistía incluye también algunos avances esperanzadores, "aunque insuficientes". Esteban Beltrán ha citado como positivos la entrada en vigor de las leyes de igualdad y contra la violencia de género y la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Beltrán se ha referido también a la anulación por parte del Tribunal Supremo de la condena impuesta a Hamed Ahmed como consecuencia de pruebas obtenidas en Guantánamo, "al considerarlo un limbo jurídico".
