Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) ha registrado en el Cabildo de Lanzarote una moción para que el Pleno de la Corporación Insular inste al Gobierno de Canarias a que retire el anteproyecto de Ley del Suelo y a que elabore un proceso de participación ciudadana real, que permita el debate y la toma de decisiones de manera colectiva para hacer una Ley al servicio de los ciudadanos. Hará llegar la misma moción a los siete ayuntamientos para que se debata en los diferentes plenarios.
Desde Alternativa Ciudadana denuncian en el comunicado de prensa que remiten este lunes a Crónicas que la aplicación de esta Ley "supondrá un crecimiento desordenado y caótico sin posibilidad de elegir qué tipo de desarrollo queremos para nuestro entorno, ya que elimina la mayor parte de los mecanismos de protección de legalidad urbanística y de prevención frente a los desmanes ambientales". "Entendemos que con la aprobación de esta Ley nuestro territorio estará a disposición de los intereses económicos privados, y que la Ley que debe ser concebida a largo plazo, no para solventar la coyuntura económica actual", estiman los asamblearios.
Alternativa considera que el argumento de que la Ley beneficiará las inversiones y el empleo "es una falacia, ya que sólo atenderá a los intereses de unos pocos empresarios que conseguirán que se les facilite la inversión sin los controles necesarios para garantizar un desarrollo sostenible". A juicio de los asamblearios, "renunciar a la protección ambiental en nombre del desarrollo económico y situar ambos conceptos enfrentados, como hace la exposición de motivos del borrador, es una perspectiva superada, un argumento que no se sostiene". Al contrario, esgrimen, "la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo".
Además, alegan que con esta nueva Ley "se perderá la posibilidad de considerar el territorio de Canarias de manera global, ya que el Gobierno cede sus competencias a los Cabildos y a los Ayuntamientos, donde estas administraciones tendrán la posibilidad de redactar sus propios planes y evaluarlos medioambientalmente, quedando muy reducida la posibilidad de intervenir de otras administraciones superiores, fomentando la desigualdad entre municipios y los lanza a competir entre ellos con el suelo como único recurso".
El movimiento político y social lanzaroteño cree que uno de los aspectos más graves del anteproyecto es la "eliminación de la Cotmac, cuya labor es preservar el territorio, que es tremendamente vulnerable, con la única excusa de que la burocracia frena las inversiones. La Ley permitirá legalizar las construcciones ilegales y suspender la obligación de demolerlas, así como, facilitará la corrupción urbanística".
"Otro aspecto preocupante es la inclusión de aprobar figuras de excepción al margen del planeamiento, como proyectos de interés insular o autonómico, ordenanzas provisionales y municipales, suspensión de vigencias y actuaciones de interés público o social, habilitando mecanismos que reducen el control, exponiendo el territorio al capricho de cualquier inversor que podrá construir cualquier cosa en cualquier suelo", sostienen desde Alternativa Ciudadana. Especialmente, explican, "en suelo rústico se abre la posibilidad de implantar prácticamente cualquier tipo de actividad, con lo que crecerá la especulación y se castigará aún más al sector primario".
Alternativa Ciudadana considera que este debate está reducido "a unos pocos actores y olvida la participación ciudadana real. Apostamos por modelos de desarrollo sostenibles y democráticos, que resulten beneficiosos para la mayoría de la población y no para unos pocos. La participación ciudadana en las fases previas a la aprobación de las figuras del planeamiento resulta esencial". Afirman que "estamos situados al lado de una ciudadanía especialmente preocupada e implicada en la lucha por la conservación de su territorio y que ha sido testigo del voraz desarrollo que, lejos de elevar nuestro bienestar social, ha generado destrucción ambiental, riqueza para unos pocos y repulsa hacia esa clase política que pareciera ponerse al servicio de los especuladores". "Esta Ley", apostillan, "podría hipotecar el futuro de las generaciones venideras por su enfoque neoliberal y depredador".
