Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) ha confirmado este miércoles que tiene previsto elevar hasta Fiscalía la reciente adjudicación de la gestión indirecta de Inalsa, la empresa pública de aguas de Lanzarote, al entender que la concesión a la empresa Canal de Isabel II mediante procedimiento negociado con publicidad ha incurrido en varias posibles irregularidades.
La noticia la ha confirmado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el concejal de Alternativa en Arrecife Domingo García, después de que su compañero de partido Andrés Barreto adelantara la noticia por la mañana en otra emisora, a pesar de que el acuerdo cerrado este martes por la noche por la Asamblea de Alternativa pasaba por no desvelar esta previsión.
Los asamblearios acordaban en esa asamblea denunciar a un total de 25 cargos públicos de Inalsa por posible prevaricación, malversación de caudales públicos y otros delitos. Además, Alternativa ha confirmado también que tiene previsto interponer el pertinente recurso contencioso-administrativo contra el proceso de privatización de la gestión indirecta de Inalsa.
Impugnación del pliego de condiciones
Alternativa Ciudadana 25 de mayo confirmó también, meses atrás, que impugnaría el pliego de condiciones de la gestión indirecta de Inalsa. Los asamblearios denuncian que el principal objetivo de Pedro San Ginés, presidente del Cabildo, y de su socio de gobierno (PSOE), es “la gestión indirecta de INALSA”, o lo que es el mismo para los asamblearios, poner en manos privadas el Ciclo integral del agua.
AC25-M cree que este grupo de gobierno pretende salvar a los responsables políticos "causantes del saqueo y despilfarro de INALSA". Recuerdan que estos cuentan con afiliación en la casi totalidad de las fuerzas políticas que han pasado por los respectivos gobiernos del Cabildo. "La estrategia de Coalición Canaria y del Partido Socialista es hacer pagar a los ciudadanos y a los trabajadores la deuda generada por la mala gestión de los administradores políticos", sostienen.
A juicio de los asamblearios, tanto el grupo de gobierno actual y sus antecesores "han engañado" con sus actuaciones a la ciudadanía y a los trabajadores de INALSA. Estos últimos, argumentan, han sido víctimas de la desastrosa gestión y de su demonización ante la sociedad lanzaroteña haciéndonos creer que eran privilegiados. Recuerdan sus "esfuerzos": regulación de empleo con 50 trabajadores afectados, indemnizaciones que fueron pagadas con el sueldo de los trabajadores de INALSA, reducciones de salarios, etc. Lamentan sin embargo que "hoy, pese al sacrificio realizado por la plantila de INALSA y el que han realizado también los ciudadanos asumiendo subidas de tarifas, hoy los dirigentes políticos no dudan en poner en manos privadas todo el esfuerzo realizado".
Doble juego
A Alternativa le parece un gran cinismo y oportunismo político los cambios de criterio del resto de partidos políticos; exponen que PP-PIL, que han sido promotores y defensores de la privatización del servicio municipal de guaguas en Arrecife, ahora la rechazan en el caso de INALSA, "aún cuando algunos de ellos sean responsables de la situación actual"; el PSOE, "que se presenta como defensor del estado de bienestar, participa de la desmantelación de este, privatizando un servicio de primera necesidad como es el agua y finalmente CC hace un ejercicio de doble moral presentando, como última opción, aquella por la que habían optado desde un principio".
En este sentido, Alternativa Ciudadana 25 de mayo asegura que exigirá responsabilidades políticas y penales, así como la defensa de lo público. "Máxime cuando está demostrado, y así se ha comprobado con la gestión de la Concursal en los dos últimos años, que INALSA es una empresa rentable. En estos dos años no ha aumentado la deuda y ha existido una estabilización entre ingresos y gastos, como no podía ser de otra forma, cuando se gestiona correctamente y no se malversa", esgrimen.
Desde Alternativa Ciudadana 25 de mayo proponen que se agoten todas las gestiones tendentes a buscar otra fórmula que no sea la privatización: créditos ICO, negociaciones con los bancos, etcétera; y que el grupo de gobierno del Cabildo exija responsabilidades políticas y penales a aquellos que pudieran haber malversado el dinero público de INALSA. A su entender, el Cabildo no debe asumir responsabilidades económicas de otros.
Antes de proceder a la privatización, AC25-M habñía apostado por la liquidación de INALSA y la recuperación por parte del Consorcio de sus instalaciones y de sus trabajadores, para seguir gestionando de manera pública el agua. "Estaremos del lado de todos los ciudadanos que se movilicen y denunicen en favor de que INALSA, el negocio del AGUA, siga siendo público", concluyen.
