El presidente del Gobierno de Canarias, de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, diputados autonómicos y diferentes cargos públicos de las islas, representantes de un amplio grupo de fuerzas parlamentarias españolas, ONG’s internacionales, sectores empresariales del turismo europeo, portavoces de las energías renovables, instituciones científicas, pescadores artesanales, entre otras personalidades, se darán cita el próximo lunes en Madrid para consolidar las acciones internacionales contra los sondeos de Repsol.
Tal y como asegura este viernes la Oficina de Acción Global del Cabildo insular de Lanzarote, se informará de la convocatoria de una consulta popular en el Archipiélago sobre las perforaciones de Repsol y se procederá a la lectura de un manifiesto.
Los presidentes del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera asistirán a las 10:00 horas del próximo lunes 6 de octubre, en el Hotel Villa Real de Madrid (Plaza de las Cortes, 6 – Carrera de San Jerónimo), a un acto donde un amplio espectro de la sociedad española y europea reivindicará la paralización de las perforaciones previstas por Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura para el próximo mes de noviembre. Entre las acciones previstas en una nueva hoja de ruta, se incluye la convocatoria de una consulta popular en las Islas Canarias contra las operaciones de la multinacional petrolera.
El pasado 13 de agosto, el Gobierno de España otorgó la autorización definitiva a Repsol para perforar tres pozos a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura en busca de yacimientos hidrocarburos. Las catas se pretenden efectuar por la petrolera a finales del presente mes de octubre o principios de noviembre, a 50 kilómetros al Este de las costas deLanzarote y Fuerteventura en un lecho oceánico de frecuente actividad sísmica, y a profundidades de 3.000, 3.170 y 6.900 metros.
Proyecto "altamente peligroso"
Para el Cabildo de Lanzarote, la decisión del Gobierno español supone la imposición de un proyecto altamente peligroso en un territorio en el que sus principales instituciones públicas (Parlamento Canario, Gobierno Canario, Cabildos, Ayuntamientos), así como una amplia mayoría de su población y de la comunidad científica internacional, lo rechaza frontalmente.
La decisión del Gobierno de España ha sido "adoptada desoyendo a los sectores turísticos europeos, las principales organizaciones no gubernamentales de medio ambiente internacionales, y supeditando de forma notoria los intereses generales por los intereses privados de la petrolera".
Recurso ante el Constitucional
Por su parte, el Gobierno de España ya ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la consulta sobre el petróleo por fraude a la Ley. Según ha confirmado este jueves el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, el Ejecutivo nacional esperará a que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Canarias para recurrirla y solicitar su suspensión cautelar.
Esta información se une al aviso del ministro José Manuel Soria, quien ya había advertido que el Estado "actuaría en consecuencia" a pesar de que cuando realizó estas declaraciones desconocía la pregunta y si se iba a convocar la consulta.
"Lo único que hay aprobado es una ley de consultas y un reglamento", comentó Soria tras participar en la asamblea general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), que se ha celebrado en el marco de los salones de Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.
"Cualquier comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede consultar a los ciudadanos, pero no puede consultar sobre algo que no le compete. Si hubiese una consulta sobre una cuestión que no compete a la comunidad de Canarias, no sería conforme a derecho, y por lo tanto sería ilegal y el Gobierno actuaría en consecuencia", había indicado el ministro.
