jueves. 28.03.2024

Por Cándido Marquesán Millán

Bolivia se ha convertido en un país protagonista desde hace unos años en el panorama internacional, tras la llegada al poder de Evo Morales. Antes no era noticia. La pobreza, la miseria y la explotación a la que estaban sometidos la mayoría de sus habitantes no merecía la atención de los medios de comunicación. Esta dinámica ha cambiado sustancialmente, tras llegar al poder Evo con el 53,7% del electorado- recientemente refrendado con casi el 68%-, y desde entonces este país está inmerso en un ilusionante futuro, que tratan de dinamitarlo determinadas oligarquías económicas.

Esta Nueva Bolivia que se pretende construir se fundamenta en los principios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Por ende, se quiere elaborar una nueva Constitución, controlar los recursos naturales en manos de empresas extranjeras, realizar una reforma agraria, controlar el secesionismo y el monopolio del poder político detentado desde siempre por una oligarquía conservadora- cuando no fascista-, y llevar una política exterior autónoma sin injerencias norteamericanas. Obviamente el órdago de Evo es grande, ya que supone tocar los privilegios de una minoría, que está echando toda la carne en el asador para que nada cambie. Hasta recientes fechas, a trancas y barrancas se iba construyendo ese futuro esperanzador para la gran mayoría de los bolivianos. No hay más que fijarse en todo un conjunto de medidas, basadas en estrictas razones de justicia social.

Para elevar el nivel cultural de su población, se aprobó el Bono Juancito Pinto, y así evitar el absentismo escolar, y que beneficia a los escolares, dándoles 200 bolivianos, para que compren útiles escolares y puedan invertirlo en su educación.

Para que la educación convierta a esas mayorías excluidas en ciudadanos, con todos los derechos que esto implica” se ha puesto en marcha un ambicioso Plan Nacional de Alfabetización.

Para que toda la población mayor tenga una vejez digna se aprobó la Renta Dignidad, un beneficio universal y vitalicio que entró en vigor en enero de 2008 y que establece el pago de 2.400 bolivianos anuales a todos los mayores de 60 años que no reciban una renta mensual y 1.800 bolivianos a aquellos que sí tengan un ingreso. Beneficia a 676.000 mayores de 60 años. El Presidente quiso que la ganancia de los hidrocarburos rescatados de las petroleras y nacionalizados por el Congreso, en el ingreso impositivo que se denomina IDH, se constituyera en la fuente principal de financiamiento de estas políticas sociales.

Además, el Gobierno de Evo ha querido que todos estos derechos queden recogidos en una Constitución, así como también que Bolivia se declare un estado pacifista y promotor de la cultura de la paz, y en el que se reconoce a todos el derecho al agua potable, el alcantarillado, la electricidad, la alimentación, la educación, la sanidad y a una vivienda digna...

La oposición ha venido siempre, como era de esperar, de los departamentos más ricos, de la Media Luna, de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, donde radican los grandes recursos de los hidrocarburos, que recientemente aprobaron unos estatutos para su autonomía y que en estos días han intentado derribar por la fuerza al gobierno de Evo por medio de un golpe cívico-prefectural. Al observar estos acontecimientos, no puedo menos que acordarme del gobierno de la Unidad Popular de Allende, y que bajo el lema de la vía chilena al socialismo, se vio derribado hace 35 años por un golpe militar, ya que con sus decisiones políticas estaba amenazando a la jerarquía tradicional del país, lo mismo que está haciendo Evo hoy en Bolivia. Afortunadamente parece que los tiempos están cambiando. Mientras que el inicio de esa larga noche tenebrosa en Chile se produjo a instancias de los Estados Unidos, hoy los gobernantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, así como el canciller de Perú y los representantes de Surinam y Guayana acaban de mostrar su unánime apoyo al gobierno democrático de Evo, en la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, realizada en Chile. Los presidentes acordaron para solucionar la crisis de Bolivia, la creación de tres comisiones: una para investigar la masacre cometida en Pando -una auténtica matanza ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura y que se cobró ya una treintena de muertos y decenas de heridos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir, saldo luctuoso que dejó al prefecto Leopoldo Fernández al margen de la ley-, otra de apoyo y asistencia a Bolivia y una tercera que apoye la mesa de diálogo, todas coordinadas por Bachelet en su calidad de presidenta de la instancia. La mandataria dijo que tras este encuentro la UNASUR quedaba más consolidada. La declaración aludió también al golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973, a modo de antecedente de lo que está ocurriendo hoy en Bolivia. Morales se mostró sorprendido y emocionado por la solidaridad de los doce gobiernos que firmaron la declaración y destacó que "esta es la primera vez en la historia sudamericana" que la región se ocupa de sus propios problemas sin la injerencia de terceros. Todo un aviso a navegantes. Por ello era previsible la reacción desde el país del norte, acostumbrado a considerar que toda América es su patio trasero, tal como acaba de expresar en una editorial el diario The Whashington Post, acusando de todo lo ocurrido a Evo, y que está conduciendo a su país hacia "la desintegración o a la guerra civil”. El rotativo indicó que Morales intenta importar "el modelo de socialismo autoritario de (el presidente de Venezuela) Hugo Chávez" lo que, agregó, "ha polarizado al país en facciones geográficas y étnicas, y lo ha puesto en riesgo de desintegración o guerra civil". Por este lado, nada nuevo bajo el sol.

Algo está pasando en Sudamérica
Comentarios