Agencias
El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas ha admitido a trámite una querella por presunta prevaricación administrativa contra el anterior director general de Administración Territorial y Gobernación del Ejecutivo canario, Juan Gonzalez Martín, que tiene como motivo la reactivación de una licencia para que continúe la actividad en un bingo de la capital grancanaria. Es la primera actuación judicial penal aceptada contra un responsable público por presuntas irregularidades en el sector del juego.
La iniciativa penal contra González Martín tiene su origen en la tramitación de una licencia para la explotación del Bingo Guanarteme. Esa sala estuvo en manos de la sociedad Binmomasa hasta que en 1996, por no haber solicitado “en tiempo y forma” la renovación de la licencia, la Viceconsejería de Administración Pública “mandó proceder al cierre inmediato de la sala de bingo”.
En ese instante, los propietarios intentaron renovarla, pero el incumplimiento de varios preceptos necesarios les imposibilitó para ello. Entre otras medidas incumplidas, se encontraba la inexistencia de la licencia municipal de apertura. Desde la Administración se reafirmó en la no renovación, por lo que los propietarios interpusieron un recurso contencioso que fue desestimado.
Se inició entonces un peregrinar por todas las instancias judiciales y siempre con resultados negativos para la empresa. A la orden del viceconsejero de Administración Pública -enero de 1996- y el decreto del consejero de Presidencia -septiembre de 1996-, vino a sumarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 7 de marzo de 2001. La máxima instancia judicial canaria daba por buena la actuación de la Administración y daba por “extinguida la autorización de bingo”. No llegó a pasar un mes de la sentencia del TSJC cuando Tejebin se hizo con la gestión de la sala de bingo.
Fue entonces cuando el querellado dio vía libre para la renovación de la licencia aludiendo a un supuesto silencio administrativo que se produjo ante uno de los recursos de alzada presentado por la empresa.
Al tiempo caminaba en el Tribunal Supremo un recurso de casación que terminó -marzo de 2005- con la misma resolución que todas las anteriores. Poco más de un mes después, el Alto Tribunal dictaba un oficio por el que instaba al “inmediato cumplimiento de la sentencia firme dictada”. Once meses después, la sala continúa abierta.
El ex director general decidió renovar la licencia desde su cargo en enero de 2002, en contra de todas las sentencias emitidas hasta esa fecha. En el escrito de la querella se refleja además que el director general no tiene la potestad suficiente para adoptar esta medida, sino que debe ser alguno de sus superiores, viceconsejero o consejero, quienes lo hagan. Este extremo lo confirma un informe interno de la propia Consejería de Presidencia firmado en diciembre de 2005 por el actual consejero, José Miguel Ruano. Ese expediente resuelve declarar nula la resolución de González Martín.
Ya hay fecha para el inicio de la vista previa. El juez Juan Carlos Velasco tomará declaración a los testigos propuestos y al acusado los días 9 y 10 de mayo próximos.
