AGENCIAS
El fiscal pide penas de hasta 14 años para ocho supuestos estafadores que en la última década se dedicaron a timar a financieras del automóvil de Las Palmas utilizando a toxicómanos para compar coches que nunca se pagaron con documentación falsa.
Captaban a toxicómanos y desesperados en los parques, los aseaban, les proporcionaban documentación y nóminas falsas y les enviaban a comprar coches a través de una financiera. Después, vendían esos coches a terceros, y la financiera sólo advertía el engaño cuando le devolvían las letras impagadas. Esta es, en síntesis, la dinámica delictiva que el fiscal achaca a una supuesta organización de delincuentes de Las Palmas que en los próximos meses será juzgada ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El Ministerio Público formula acusación contra ocho vecinos de Las Palmas, a los que imputa delitos de falsedad como medio para cometer un delito continuado de estafa y ?en alguno de los casos? delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico. Asegura que dos de los acusados simultaneaban los timos a financieras con el tráfico de drogas, y apunta que uno de ellos llegó a resistirse a su detención y se enzarzó en una persecución en coche con la policía cuando ésta intentó detenerle, llegando a colisionar su coche contra el de los agentes.
La acusación pública pide penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión. En concreto, pide tres años de prisión para Dimas Jesús G.M., Leandro P.G., Rigoberto A.B. y Raúl T.C. como supuestos autores de un delito de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito de estafa, dos años para Conrado G.O. como supuesto autor de un delito de falsedad en documento mercantil, 14 años para Oliver V.G. como presunto autor de un delito de falsedad como medio para cometer estafa, otro contra la salud pública y un tercero contra la seguridad en el tráfico y 12 años para Juan Carmelo B.D. como presunto autor de un delito de falsedad para cometer estafa y otro contra la salud pública.
En el mismo escrito de acusación, el fiscal encargado del caso, Ernesto Vieira Morante, pide a la autoridad judicial el sobreseimiento de la causa contra los nueve toxicómanos e indigentes que supuestamente fueron utilizados por la organización para conseguir sus fines ilícitos. Considera el Ministerio Público que en algunos casos actuaron «empujados por su drogadicción y por circunstancias personales que les impedían tener conocimiento pleno de la ilicitud de sus actos», y en otros porque su implicación en el proceso «viene referida a sustancias que no están sometidas a fiscalización».
Siempre según la acusación pública, los imputados llevaron a cabo los timos «desde comienzos del año 1995» hasta que la red fue desarticulada por la Guardia Civil el año pasado. Añade el informe que operaban «en distintas partes de la isla de Gran Canaria» y «principalmente en distintos concesionarios de vehículos Renault», obteniendo diversos vehículos «mediante su financiación por precio aplazado».
Apunta la calificación del fiscal que para llevar a cabo la estafa los imputados se valían de nóminas, informes de vida laboral y documentos personales de terceros. «A cambio de la promesa de entrega de pequeñas cantidades de dinero y/o droga a indigentes y personas con problemas económicos o de drogadicción», detalla, convencían a éstos para que acudieran a las financieras y adquirieran vehículos aparentando una solvencia de la que carecían.
