Algunos lectores nos llaman para manifestar su preocupación por el protagonismo informativo que está adquiriendo el tema del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística. Lo entendemos y lo comprendemos, pero no lo compartimos. No lo compartimos porque estamos en un momento crucial para el desarrollo de futuro de Lanzarote, en un momento parecido a mayo de 1998, cuando el equipo que capitaneaba Enrique Pérez Parrilla decidió sacar adelante lo que todos conocemos como moratoria turística. Además, hay que tener en cuenta que en estos días el redactor del documento, que es el mismo que redactó la moratoria, Fernando Prats, está de ronda informativa, reuniéndose con todo el que tiene algo que decir en este asunto. Y, por suerte, somos muchos los que tenemos algo que decir, a pesar de que en un primer momento se nos intentó colar la aprobación por el método de usar la puerta de atrás y los hechos consumados. Al final, gracias sobre todo a la intervención de la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, las cosas se están haciendo como se tienen que hacer.
Antes de entrar en el tema de hoy, hay que advertir a todos los lectores de este diario de que ha sido muy complicado asimilar, resumir y redactar todo lo que se ha dicho en las últimas jornadas sobre el Plan Territorial. Sobre todo porque sigue sin haber claridad en torno al asunto, sobre todo porque el encargado de elaborar el documento, el urbanista Fernando Prats, no termina de dar con la llave que abra la caja de las infinitas dudas que todavía quedan por resolver. De hecho, su explicación a los medios de este lunes fue tan farragosa como complicada; se negó lo que antes se afirmaba y se ofrecieron cifras que hasta ahora eran desconocidas, por no hablar del lío con la aparición y desaparición de la oferta complementaria.
Tendremos que seguir confiando en que se está haciendo un buen trabajo, pero el escepticismo propio de una redacción como esta, compuesta por periodistas escépticos, nos impide cerrar el caso sin más. Como diría Mercedes Milá en sus tiempos de sosegado periodismo, queremos saber, para lo que no habrá más remedio que seguir preguntando.
Pero el martes fue el día de la Fundación César Manrique, que se descolgó con un durísimo comunicado en el que asegura, entre otras cosas, que es fundamental que el documento se apruebe en el menor tiempo posible, ya que las aproximadamente 38.000 camas que finalmente podrían quedar afectadas por el Plan no están protegidas por las Directrices del Ejecutivo autonómico. Aunque en la Fundación son partidarios de que el documento se apruebe lo antes posible, también son conscientes de que primero se tiene que establecer un decreto que suspenda cautelarmente la concesión de licencias municipales en los suelos afectados, estudiando la posibilidad de que el Plan Territorial Especial quede exonerado, por su carácter restrictivo, del cumplimiento de la última ley del Gobierno de Canarias sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Aunque están de acuerdo en líneas generales, no les gusta, como a la mayoría de los alcaldes, la oferta complementaria que se ha recogido, y no les gustan sobre todo los “errores” que han detectado.
Pero lo peor lo reservan para el final, para su análisis del trasfondo del asunto, de lo que no se ve. A su juicio, “en el fondo de la actual situación se esconde la voluntad de construir una nueva hegemonía política económica que monopolice la gestión del territorio y del modelo turístico siguiendo la lógica del libre mercado y la ausencia de regulaciones urbanísticas restrictivas”. Por esto, consideran que se trata de una operación que persigue desmantelar los avances que se han producido en la Isla en los últimos 15 años en materia de control del crecimiento turístico y ocupación del suelo así como alejarse definitivamente del modelo propuesto por César Manrique.
Finalmente, la entidad censura el modo en el que el Cabildo ha abordado la crisis institucional y rechaza la postura de los alcaldes en su pretensión de defender la construcción arbitraria, desarrollista y carente de una visión estratégica global de equipamientos de ocio complementario.
En muy pocas ocasiones este medio puede estar en desacuerdo con lo que expone la Fundación, que tiene en estos momentos una ejemplar dirección. Sin embargo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una fase en la que se están recogiendo las sugerencias de todo el mundo, las críticas parecen un tanto desmedidas por generalizadas. Es probable que muchos de los aludidos, los directos y los indirectos, pongan el grito en el cielo al leer lo que se ha expuesto, porque habrá políticos y empresarios honrados que no participarán en la supuesta trama que hay detrás del desarrollo urbanístico de la Isla.
No es nuestro caso, desde luego, el de escandalizarnos fácilmente, porque somos los primeros que hemos advertido del peligro que supone la presencia constante de los depredadores del suelo, de esas aves de rapiña que vienen por aquí sólo para ganar dinero fácil y rápido y que les importa muy poco el desastre que puedan crear con sus construcciones. Ahora, ni mucho menos se puede caer en el error de meter a todo el mundo en el mismo saco.